Retornan ideas equivocadas

Esta recesión que podría estar terminándose fue lo suficientemente larga y profunda como para poner en tela de juicio varias cosas en la Argentina. Entre las más relevantes está nada menos que la capacidad del país de crecer sostenidamente. En la jerga de la macroeconomía convencional la combinación de un fuerte shock competitivo y de la insolvencia fiscal fueron sembrando, con el correr de los trimestres y la confirmación de que no se salía, un pesimismo sobre la eficiencia marginal (la tasa de rentabilidad) del capital. Al comienzo esto no fue así y se pensaba que iba a durar poco por una serie de explicaciones transitorias que fueron negadas por la persistencia de los desequilibrios y por la crisis de gobernabilidad. A medida que se fueron sumando los trimestres las dudas crecieron sobre las preguntas fundamentales (¿podrá crecer la Argentina de modo sostenido?) en un contexto en donde las explicaciones seculares («cada una década crecemos y ésta no nos toca crecer») se fueron mezclando con explicaciones voluntaristas («bajando los impuestos podemos crecer a 8% anual). No menor en este escenario de mala onda con respecto al largo plazo es que la coalición política que gobierna la Argentina tiene dudas existenciales sobre la deseabilidad del capitalismo global y de que la Argentina sea una economía de mercado. Para colmo en varios sectores del partido de oposición esas dudas no existen: están decididos a volver al populismo.

Con la reactivación en camino, el gobierno ha decidido mostrar que tiene un plan estratégico y que puede apelar al uso de instrumentos del Ejecutivo para acelerar la idea de que se están haciendo cosas. El anuncio de los múltiples decretos de hace unos días va en esa dirección, independientemente del show y del apoyo notable de titulares y notas elegidas especialmente. Varios de los anuncios son obligaciones que no se habían cumplido debidamente en su momento (la reglamentación de la ley de defensa de la competencia) y, francamente, no se pueden vender como un acto de activismo. Varias otras son movimientos en la dirección correcta, pero alguno en particular significa el retorno de ideas equivocadas.

En particular me refiero al Decreto 103/2001 o más específicamente al art. 6, que propone darles a los organismos del gobierno la iniciativa para que introduzcan ahorros producto de «procesos de modernización» y que luego se puedan quedar con una parte de esa ganancia. Este decreto dice que los organismos que demuestren ahorros permanentes en el tiempo y que garanticen el buen servicio podrán disponer libremente de hasta 75% de esas economías. Funcionarios del gobierno han salido a aclarar que se trata de un novedoso sistema de incentivos que va a permitir estimular la eficiencia con incentivos que podrían llegar al personal, como una retribución al esfuerzo por ganar eficiencia y materializar ahorros.

Francamente, si ésta es la idea del gobierno de cómo llevar adelante una reforma del Estado y una reducción del gasto público yo digo que estamos sonados y que el gobierno está vendiendo pescado podrido a todos los que quieran tragárselo. Vayamos por partes en esta explicación.

Variante

Primero debe decirse que la idea no es nueva y que una variante de la misma ya fue propuesta -a nivel de discurso, por supuesto-por el gobierno del Dr. Alfonsín 15 años atrás. Si se revisa, para los que tienen memoria, el denominado «discurso del Teatro San Martín» que realizara dicha administración en 1985, se van a encontrar apelaciones a las reparticiones del gobierno y la instalación de «premios y castigos» para los funcionarios. La idea básica es la misma y tiene su fundamento en asimilar los problemas generales de incentivos a la esfera del sector público, en donde los «bonos» por eficiencia se diseñan para que las agencias y los funcionarios pongan esfuerzo en racionalizar el gasto, controlando al mismo tiempo la calidad. Esto también ayuda a que las reparticiones colaboren en la reducción del gasto, en el sentido de que si proponen recortes de su presupuesto van a participar en las «ganancias», mientras que con el mecanismo tradicional de pedir reducciones de gasto nadie tiene incentivos en ser el único que va a reducir su presupuesto.

¿Por qué es equivocada esta idea? Por varias razones. En primer lugar supone que el sector público es pare-cido a una empresa privada en donde estos mecanismos pueden ser usados «en el margen» y en donde desde el diseño de la organización para abajo está todo perfectamente ajustado. Pero ése no es el caso del sector público nacional (ni hablar del provincial o municipal) en donde tienen que modificarse reparticiones enteras y deshacer muchos años de ineficiencias que necesariamente significan desde cierre de reparticiones hasta despido de personal. Ni siquiera en el sector privado argentino, que tuvo que pasar por un ajuste fenomenal en esta recesión, se usaron mecanismos como los sugeridos. Los costos tuvieron que bajarse con reestructuraciones, despidos, reducciones de sueldos gerenciales y de salarios. Sudor y lágrimas.

En segundo lugar, la idea ignora las motivaciones e incentivos de la propia gente que trabaja en el sector público y que se desenvuelve en un ambiente en donde las relaciones laborales internas dependen de códigos, lealtades e incentivos muy diferentes de los del sector privado. En el caso del sector público argentino se agrega una historia de participación gremial que modifica y altera estos ingredientes y los hace todavía más complicados. Las organizaciones no son organigramas sino un conjunto de personas con una historia institucional. Proveer a los «gerentes» con bonos para que ellos usen herramientas de control de incentivos internos es suponer que la cosa se va a resolver «hacia abajo» sin ningún inconveniente. Los «gerentes», se supone, son los funcionarios políticos, o sea personas que fueron formadas para hacer política en la Argentina, con todo lo que eso significa, y que de repente se van a convertir en autómatas que reaccionan a señales para mejorar la eficiencia.

En tercer lugar, esta idea simplemente no funciona en ningún lugar del mundo. Podrá haber algún mecanismo parecido en administraciones que están ajustadas y funcionando y se quiere flexibilizar para mejorar el desempeño. Pero no en las administraciones públicas arrasadas por años de ineficiencia y por falta de dirección política eficiente. El sector público en cualquier parte del mundo tiene dificultades muy particulares que hacen inefectivos estos mecanismos como el que propone el decreto. En la Argentina, yo diría que los problemas son mucho más grandes e imposibles de resolver por este camino. El problema principal es que no hemos decidido tener administración pública que funcione en forma eficiente y eso es el primer paso, casi cultural, para definir todos los ingredientes de la organización y, luego, pero mucho más atrás, los incentivos grupales y personales para la eficiencia.

Por todo ello mi propuesta es que el gobierno se deje de hacer propaganda desempolvando ideas que ya le fueron sugeridas en su momento al Dr. Alfonsín y no funcionaron o mejor dicho ni siquiera se pueden llevar a la práctica, como va a ocurrir en este caso. Conclusión: dejémonos de engañarnos. No existe otro camino para la reforma del gasto público que partir de sentar las bases políticoculturales y un consenso de que se requiere una administración eficiente y proceder a hacer cambios mayores.