En medio de una grave escalada de violencia, el gobierno analiza un plan que anticipa fuerte polémica: liberar a presos detenidos por delitos menores a través de un régimen de arresto domiciliario y controlarlos con pulseras magnéticas. Sería como respuesta alternativa a la saturación de los penales, sobre todo en las comisarías bonaerenses. Sin embargo, la medida es riesgosa, porque abriría las puertas para que cientos de presos queden en libertad y, obviamente, sería utilizada por aquellos delincuentes peligrosos que, utilizando artilugios legales, logren que la Justicia les conceda la excarcelación (ya lo hicieron con la aberrante ley del "2x1"). También es riesgoso porque es un método vulnerable; hay antecedentes en los que liberados por este mecanismo volvieron a delinquir.
El gobierno estudia un plan muy riesgoso: liberar a los presos imputados por delitos menores, a través de un régimen de arresto domiciliario controlado con pulseras magnéticas que permiten vigilar a distancia los movimientos de los detenidos. La propuesta, que anticipa una agria polémica porque semeja una «amnistía masiva», le llegó a Eduardo Duhalde de uno de sus ministros. El funcionario, de acceso diario al despacho presidencial y vasto peso político en el gabinete, la sugirió como alternativa frente a la saturación de reclusos que se registra en los penales, sobre todo los bonaerenses.
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En medio de la escalada criminal inédita, las cárceles están desbordadas: en las federales hay 9.000 presos mientras en Buenos Aires 18.500. En las comisarías bonaerenses permanecen detenidas 7.450 personas. Sin contar las demás provincias, la cifra asciende a un valor perturbador: 34.950 convictos.
El gobierno observa la superpoblación carcelaria como otro desvelo en el caótico escenario de la inseguridad. De hecho, el viernes pasado estaba a la firma un decreto presidencial para dictar la emergencia penitenciaria pero, por razones técnicas, la rúbrica se postergó.
Al margen, proyectan construir quince penales que engrosarán en 5.000 plazas la capacidad del sistema federal. «Terminar las cárceles tarda cinco meses, ¿hasta entonces qué?», planteó el funcionario y mostró, como plan B, el recurso de la pulsera magnética. Y previendo quejas futuras, arguyó que el régimen sólo se utilizaría con acusados o condenados por «delitos sin sangre», aquellos que no implican homicidios o hechos de violencia con uso de armas. Incluso, dentro de ese rango, se trataría de un régimen selectivo. De todos modos, el caudal de potenciales liberados sería nutrido. La estadística que escuchó el Presidente indica que los detenidos por ilícitos menores representan 65% de los convictos alojados en los penales del país. Ese dato sirve al ideólogo del proyecto para exponer un argumento. «No puede ser -dijo el ministro-que un ladrón de gallinas esté en una cárcel y un asesino en una comisaría. Hay que hacer lugar en las cárceles para meter a los más peligrosos.»
Para Duhalde no es un mecanismo exótico. Cuando era gobernador, José María Díaz Bancalari su ministro de Gobierno y María del Carmen Falbo la secretaria de Justicia, en Buenos Aires estrenó el sistema que hoy se utiliza -como prueba piloto ampliada-con 130 presos. Por cada recluso con pulsera magnética el Estado bonaerense paga a una empresa privada 17 pesos diarios que equivalen a 510 pesos por mes. A eso hay que sumar gastos estructurales propios del sistema penitenciario, difíciles de cuantificar. En tanto, el costo por alojar, alimentar y retener a un recluso en una cárcel ronda los 56 pesos por día, a razón de 1.700 pesos mensuales, tomando el cálculo oficial que divide el presupuesto total por la cantidad de presos.
•Reincidencia
El gasto en el Sistema Penitenciario Federal es casi el doble: cada convicto cuesta 3.000 pesos por mes. La diferencia se explica en que en la provincia hay 9.600 agentes y 18.500 reclusos mientras que en Nación la planta de personal es de 8.500 para atender a 9.000 convictos. Pero el debate no es sólo presupuestario. Como todos los mecanismos de liberación anticipada, el de la pulsera magnética es vulnerable. Hay motivos: en Buenos Aires se registraron casos donde liberados por ese método volvieron a delinquir. El fracaso es, en gran medida, responsabilidad de los jueces: los magistrados son quienes deciden, frente al pedido del abogado defensor, si el detenido es beneficiado o no con la modalidad del arresto domiciliario controlado.
Acosado por la crisis delictiva, el gobierno evalúa el proyecto mientras la demanda por alojamiento carcelario se agiganta y hasta amenaza con despedazar la frágil tregua política pactada entre el Presidente y el gobernador Felipe Solá.
El jueves pasado, Solá dejó en el despacho de Duhalde una carta donde le reprocha que no cumplió con el traslado a penales federales de 2.000 presos bonaerenses.
La tarea -que debe gestionar el ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Alvarez-está congelada y, hasta el sábado, apenas se trasladaron 400 reclusos.
A mediano plazo, las nuevas cárceles federales -Solá programó cinco propias-aportarían una solución: diez se harían en Buenos Aires y las restantes se construirán en Santa Fe, Salta -es zona fronteriza y abundan detenidos por delitos federales-y, quizá, a otra provincia, todavía no definida.
