Urso contra Aristóteles

Apartir de la revisión judicial de la llamada «guerra sucia» una línea de pensamiento fue ganando adeptos entre el Poder Judicial, que se apartó de los canones habituales del derecho penal en función de un fin que unos consideraron apetecible, otros tolerable, otros simplemente útil y otros, presumo que la mayoría, tomaron con indiferencia. Me refiero al fin de castigar a quienes comandaron a las Fuerzas Armadas que repelieron la agresión terrorista sufrida por el país en la década del '70. No juzgo aquí ese fin, pues lo dejo para otro debate, sino los medios utilizados, porque la indolencia de la sociedad frente a ellos es la causa a mi juicio del profundo autoritarismo judicial-mediático que sufre la República, frente al cual se alzan pocas voces, sólo porque las víctimas inmediatas no parecen conmover suficientes intereses.

En momentos como éstos la incivilización básica de los argentinos emerge intacta y será la causa de futuros y tardíos arrepentimientos. Aquél fue un juicio iniciado por decreto, con procesados determinados por decreto, lleno de acusaciones livianas, analogías, doctrinas nazis y presunciones caprichosas que a nadie importaban porque a esa altura los militares ya eran «malos». Y nosotros tenemos la costumbre de destruir a los malos y dar rienda suelta a quienes lo hacen por nosotros a cualquier costo. Lo hicimos en el pasado muchas veces, y estamos haciéndolo ahora de la mano del señor Urso con Menem y el menemismo. El poder ha sido siempre así de caprichoso y parecemos intuir que en democracia y de la mano de los medios que patotean impunemente a las instituciones en nuestro nombre, somos el verdadero poder. ¿Qué o quién nos detiene?

Vengador

En ese sentido, no necesitamos un Poder Judicial sino un vengador popular. Alguien que por encima del derecho, de la lógica, de los hechos, de la Justicia, destruya a los que no son capaces de responder a nuestras expectativas, aunque hasta ayer hayan sido nuestros dioses. Es más, el responder al capricho popular y no a las propias convicciones parece ser la verdadera virtud.

Ya tenemos a quien ha aceptado jugar ese rol de vengador popular: el señor Urso. Pero no le llamemos juez, ni dejemos que diga que actúa en nombre del derecho, porque cualquier cosa que decida en contra del ex presidente será aceptable no por su peso específico sino por contra quién va dirigida. Entonces no hay derecho y los procesos judiciales son una farsa hipócrita.

El señor Urso acaba de disponer el procesamiento de Carlos Menem revelándose contra las leyes más estrictas de la lógica. La lectura de la sentencia muestra que la conclusión juega el papel de premisa mayor: Carlos Menem debe ir preso ahora. la premisa menor es que la asociación ilícita evita la posibilidad de la excarcelación y la conclusión que Carlos Menem formó una banda para falsificar decretos como actividad ilícita principal. A partir de este falso silogismo básico se puede construir el historial delictivo de cualquier persona. Basta para ello con contar el silogismo al revés de cómo verdaderamente está construido, como lo hace, supongo, todo buen novelista policial. El problema es que Urso deja enormes huellas y hasta el efecto literario se pierde.

La más grande de estas huellas se refiere a la supuesta falsificación ideológica de los decretos. Los abogados sabemos que un modo muy importante de interpretar el alcance de los delitos es examinar el bien jurídico que ese delito protege. Así, por ejemplo, para interpretar qué es lo que castiga el delito de robo, tenemos que tener en claro de que se trata de un delito contra la propiedad.

En el caso de la falsificación lo que a la ley le interesa proteger es «la fe pública». En términos sencillos, la ley castiga la falsificación en defensa de la verdad. Pero tampoco defiende la verdad por una suerte de inquietud filosófica sino sólo cuando la «mentira» o falsedad causa un daño.


Problema lógico

Lo que dice entonces en el fondo Urso es que los decretos en cuestión debieron decir que autorizaban la venta de armas a Croacia y Ecuador, porque no puede haber una versión falsa de los decretos sin que a su vez se valore como deseable su versión verdadera.

Pero el problema lógico con el que se encuentra Urso por construir los silogismos al revés es que el «daño» que él vislumbra en este hecho es al prestigio del país por incumplir compromisos internacionales, algo que la «verdad» en los decretos no hubiera subsanado en absoluto y que probablemente la «mentira» de haber sido exitosa hubiera evitado.

En conclusión, no hay daño derivado de la falsedad que se imputa, sino de la verdad que surgió a la luz con posterioridad a su descubrimiento. Urso y Stornelli y la Sala II de la Cámara Federal, porque el vengador público no está solo, deberían sostener que lo reprochable no son los decretos sino el hecho de que se vendan armas.