21 de octubre 2022 - 00:01

Presupuesto 2023 tiene dictamen y el martes se debate en recinto (guerra a Justicia por Ganancias)

El oficialismo quiere que paguen todos los empleados de dicho Poder y recibió guiños de parte de Juntos por el Cambio. Curioso cambio de postura de la Coalición Cívica. Habrá cláusula gatillo si se pasa inflación proyectada o ingreso de recursos. Aumentan partidas por más de $320.000 millones.

Germán Martínez
Germán Martínez

La comisión de Hacienda de Diputados, que comanda el legislador kirchnerista Carlos Heller, firmó ayer el dictamen del Presupuesto 2023 y lo llevará al recinto el martes próximo, en un encuentro que comenzará a las 12.30 y finalizará, casi con seguridad, durante la madrugada-mañana del miércoles. Juntos por el Cambio evitó firmar un despacho de rechazo y analizará una postura final para la sesión, y el Frente de Todos consiguió avanzar con la ley de gastos gracias a la generosa ayuda del misionero renovador -no massista- Diego Sartori y del peronista cordobés Ignacio García Aresca -interbloque federal, que acompañó en disidencia-, que permiten pensar en un buen clima a la hora de una eventual votación.

El Frente de Todos contó, esta vez, con la ayuda del cristinismo. Por caso, la secretaria del interbloque, la camporista Paula Penacca, desterró ayer los reclamos internos sobre falta de profesionalismo legislativo a la hora de blindar el quorum y moverse en las comisiones y estuvo activa durante toda la reunión, donde se avaló un proyecto que respeta el acuerdo del Gobierno kirchnerista con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Del lado opositor llamó la atención el rechazo anunciado -y exagerado- de la Coalición Cívica (CC). El año pasado, la fuerza referenciada en Elisa Carrió criticó al PRO y a la UCR por la caída de la ley de gastos 2022. Cuando ingresó el Presupuesto 2023, la propia Carrió deslizó la necesidad de no dejar al Gobierno sin dicha herramienta. Ahora, quedaron por encima de los denominados “halcones” del macrismo.

Guerra y retoques

Ayer se destacó el “guiño-guiño” entre oficialistas y parte de Juntos por el Cambio -UCR y PRO, no así la CC- a la propuesta que se incorporó a instancias del kirchnerista Marcelo Casaretto, quien solicitó el pago de Ganancias -según corresponda- de todos los empleados judiciales. Es decir, una declaración de guerra al Poder Judicial que, en los últimos años, realizó varias volteretas para amagar el tema. Fue curiosa la “defensa” del diputado y sindicalista de los bancarios, el exradical y hoy kirchnerista Sergio Palazzo, en cuanto a que ningún trabajador tendría que pagar Ganancias.

Otro retoque importante está relacionado con la inflación: el oficialismo aceptó una “cláusula gatillo” para que se revise, a fines de agosto, próximo las cifras proyectadas. Si exceden en un 10% lo pensado para ese momento, o si se supera el 10% de recursos, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto al Congreso para que, en un mes, se defina la redirección de gastos. Si no ocurre eso, el Gobierno lo hará vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Ayer, el escurridizo macrista Luciano Laspina dijo que “los medios de comunicación” inventaron el término “cláusula gatillo”, aunque luego lo utilizó como propio en su discurso.

Punto relevante para las provincias, que siempre logran esquilmar a cualquier gestión nacional, sin interesar el signo político. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) cobrará la deuda con distritos en ocho años (96 meses). Pasado dicho plazo, el Gobierno podrá retener partidas presupuestarias, pero bajo ningún punto se frenará la coparticipación.

En relación con los subsidios al transporte para el interior del país -reclamo algo lógico por la desigualdad ante el AMBA-, se ratificó el compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, con gobernadores oficialistas y opositores, y el piso para 2023 subirá a $85.000 millones. Además, habrá un consejo federal para revisar dicha aplicación y la implementación de la SUBE. Queda pendiente una solución para lo que resta del corriente año, con paros varios y súplicas por $13.500 millones.

Otra cuestión -que genera alarma- fue sugerida por Palazzo -e incluida en el dictamen- para que se agregue un nuevo porcentaje sobre lo que los trabajadores pagan de diferencial entre obra social y prepaga. También se aumentarán impuestos internos como “solución” -creará más problemas- para sostener el polémico régimen de beneficios impositivos fueguino. En tanto, la oposición logró que se puedan deducir gastos educativos en Ganancias.

El punto que genera más quejas es el de las retenciones. El oficialismo dejó la delegación al Ejecutivo para que pueda subirlas y la oposición está dividida: el interbloque federal exige la eliminación y Juntos por el Cambio quiere que vuelva a épocas de 2019. Al término de la reunión de ayer se escuchó por pasillos que el macrismo no quiere ir a fondo con este tema por si el año que viene gana las elecciones.

Cuentas

Heller consiguió las firmas necesarias por las negociaciones que encargó Massa y el jefe del interbloque K, Germán Martínez. También, por el aumento por más de $320.000 millones sobre la iniciativa original. De allí los anuncios en cuanto a que Ganancias en el Poder Judicial significarían $237.000, según Casaretto. En las próximas horas continuarán los intercambios de cara a la sesión debido a que Heller tuvo que irse, al término de la reunión, a ver un partido de fútbol.

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