Edificios, obras frenadas y millones de dólares en juego: denuncias e investigación en La Plata por presunta estafa inmobiliaria

La Justicia investiga a la desarrolladora ABES por obras paralizadas en La Plata. Inversores denuncian maniobras y señalan a Diego Lacki.

Una de las obras paralizadas en calle 55 entre 4 y 5, en la capital de la provincia de Buenos Aires (Foto: Google Street View)

La Justicia penal de La Plata avanza en una investigación por una presunta estafa inmobiliaria que involucra a la desarrolladora ABES y a una serie de proyectos que quedaron inconclusos o directamente paralizados en distintos puntos de la ciudad. La causa busca determinar si existió un esquema de administración fraudulenta detrás de los fideicomisos ofrecidos a inversores o si se trató de incumplimientos contractuales que deberían resolverse en el fuero civil.

El expediente se encuentra en etapa de instrucción y tiene como eje el análisis de una decena de emprendimientos inmobiliarios que prometían edificios premium, renta garantizada y plazos de obra definidos, pero que con el paso del tiempo mostraron demoras, falta de avances y ausencia de respuestas claras para los compradores.

Según las denuncias presentadas, los proyectos se comercializaban bajo la figura de fideicomiso al costo. Los inversores entregaban sumas significativas, en muchos casos el total del valor de las unidades, con la expectativa de recibir departamentos terminados o percibir una renta mensual mientras avanzaba la obra. Sin embargo, varios de esos desarrollos quedaron a mitad de camino, con estructuras de hormigón expuestas y sin actividad visible.

Uno de los damnificados relató que las primeras señales de alarma aparecieron entre fines de 2024 y comienzos de 2025. “Empezamos a notar que no había medidor, que no entraban proveedores y que no había gente trabajando. Pasaban los meses y todo seguía igual”, explicó.

Según su testimonio, en ese período las obras ya mostraban un parate evidente y las respuestas por parte de la empresa resultaban confusas o inexistentes.

El denunciante sostuvo que muchas de las personas afectadas apostaron a su primera vivienda. Afirmó: “Hay gente que esperaba su casa, su único techo. Confiaron en Diego Lacki por su perfil de abogado, por su forma de presentarse y por mostrarse vinculado a personas con poder, tanto en la política como en la Justicia. Eso generó una sensación de control que después se cayó”.

En su relato, describió un cambio de actitud por parte de quien aparecía como una de las caras visibles de la desarrolladora. Expresó: “Cuando empezaron las maniobras, su comportamiento cambió frente a todos los damnificados. La gente confió porque era abogado y porque decía que iba a terminar las obras como correspondía”.

Uno de los renders de los edificios que están frenados en La Plata

También cuestionó que, pese a que los inversores cumplieron con sus pagos, luego se les solicitara más dinero para continuar los proyectos. “Pagué todo lo que tenía que pagar. No quiero seguir poniendo plata”, sostuvo.

Proyectos inconclusos

Algunos de los proyectos inmobiliarios ubicados en La Plata que son parte de la investigación son los siguientes:

• Vita, ubicado en calle 11 entre 59 y 60.

• Dezzeo, en calle 55 entre 4 y 5.

• Lucero, en calle 59 entre 10 y 11.

• Elipsis, en calle 54 entre 4 y 5.

• Thymos, en calle 16 entre 54 y 55.

• Cromo, en calle 2 entre 56 y 57.

• Cross, en calle 58 entre 11 y 12.

• Lumiere, en calle 55 entre 1 y 2.

Un damnificado conocido y DT de Banfield

Otro punto central de las denuncias gira en torno a la llamada “renta garantizada”, una modalidad que ofrecía pagos mensuales mientras avanzaba la obra. Para varios inversores, ese mecanismo funcionó como un anzuelo. “Para mí la renta fue un enganche para que la gente no estuviera encima de la obra. Se ofrecía una renta garantizada y eso relajaba el control”, sostuvo el denunciante, que incluso habló de una maniobra de tipo piramidal.

Entre los damnificados figura Pedro Troglio, exjugador de la Selección argentina y actual director técnico de Banfield. En diálogo con Ámbito, Troglio contó que a comienzos de 2024 empezó a advertir que algo no estaba bien.

Explicó: “Vimos que ya no había empleados, que todo seguía igual durante meses. Pasaron nueve meses y la obra estaba parada a la mitad".

Pedro Troglio, hoy director técnico de Banfield, entre los perjudicados por la presunta estafa inmobiliaria

Relató que primero se manifestaron las incomodidades por los costos y los retrasos, hasta que en octubre dejaron de pagar la renta prometida. “Ahí inicié mi denuncia penal. Cuantas más denuncias haya, mejor”, afirmó. Troglio remarcó que, en su caso, puede sostenerse económicamente, pero subrayó el impacto en otros inversores. “Muchos pusieron sus únicos ahorros. Ese es el verdadero drama”, expresó.

También se refirió al futuro de los proyectos y al eventual desembarco de nuevos responsables. “Quiero que la gente que agarre esto tenga en cuenta el dolor de todos los damnificados. Que aparezca la plata o que respondan ante la Justicia”, sostuvo. Sobre la firma que adquirió ABES, indicó que hasta el momento no existieron propuestas concretas y que esperan una reunión para conocer qué plantean.

Foco legal

Desde el punto de vista legal, los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón, representantes de varios damnificados, sostienen que no se trata de un simple fracaso empresario. Ambos letrados representan, entre otros, a Pedro Troglio, D.C., C.B., Lucrecia Villar Loos y a la Caja de Kinesiólogos, según consta en la causa.

Las definiciones jurídicas fueron brindadas en respuesta a una serie de consultas, en las que se pidió precisar si los hechos denunciados permiten hablar de una estafa sistemática, el alcance penal de una presunta “caja única” y las posibilidades reales de recupero del dinero invertido.

En ese marco, Molina explicó que desde aproximadamente 2021 los administradores de ABES ofrecieron nuevos emprendimientos sin avanzar de manera seria en los proyectos ya iniciados. “Los fondos de distintos fideicomisos se utilizaban para otros desarrollos, sin autorización ni conocimiento de los inversores”, detalló.

Según el letrado, Diego Lacki y Macarena Núñez se presentaban como administradores y caras visibles de la firma, y Lacki incluso se mostraba ante los inversores como dueño de la empresa. “No se respetó la unidad jurídica y económica de cada fideicomiso. Todo iba a una caja única y los administradores decidían el destino de los fondos”, explicó.

Molina también sostuvo que la oferta de renta garantizada funcionó como una maniobra para ganar tiempo frente a los incumplimientos y captar nuevos inversores. A eso se suma, según su análisis, la falta de una rendición de cuentas clara como fiduciario y la existencia de fondos que habrían sido desviados con conocimiento de los administradores.

Afirmó: “Hay inversores que reconocen y demuestran que parte del dinero terminó en cuentas personales de Lacki en Estados Unidos, algo totalmente ilegal”, afirmó.

De acuerdo con las estimaciones presentadas en la causa, los fondos faltantes superarían los 14 millones de dólares, a lo que se sumarían otros seis millones necesarios para finalizar las obras pendientes. Como elemento adicional, los abogados mencionaron el lanzamiento de un edificio que se vendió casi por completo sin contar con plano de obra aprobado.

Una de las propiedades que sí culminó la desarrolladora cuestionada. Ubicada en el centro platense

En paralelo, Lacki se presentó de manera espontánea ante la Justicia y negó las acusaciones. En su descargo sostuvo que su rol fue estrictamente profesional y limitado, que no administró fondos ni tomó decisiones comerciales, y que cualquier controversia debería resolverse en el ámbito civil o societario. Además, afirmó que no existe fundamento para atribuirle responsabilidad penal.

Tramitación en la fiscalía platense

La causa tramita en la fiscalía de la UFI N°3 de La Plata y permanece en plena etapa de instrucción. Uno de los antecedentes que analiza la fiscalía es una denuncia presentada en 2023, que en su momento fue desestimada al considerarse una cuestión civil. Ese antecedente hoy funciona como un punto clave dentro del expediente.

Mientras el proceso judicial avanza, a fines de 2025 la empresa ABES fue adquirida por Yacoub Real Estate & Developers, que asumió la reorganización de 11 desarrollos paralizados. Desde la firma indicaron que el objetivo es realizar un diagnóstico técnico del estado de cada obra, establecer cronogramas y mantener una comunicación clara con los compradores.

La presidenta de la compañía, Viviana Yacoub, sostuvo que el foco está puesto en reencauzar los proyectos y dar previsibilidad, sin realizar promesas que no puedan cumplirse. “La confianza se construye con datos, presencia y cumplimiento”, concluyó.