Cómo abordar la problemática de la judicialidad en los riesgos del trabajo

La presidenta de UART, Mara Bettiol; y la gerente técnica de H&B WTW, María Laura Domínguez, participaron del cuarto panel de Ámbito Debate, coorganizado con FANDOM de Seguros

La presidenta de UART, Mara Bettiol; y la gerente técnica de H&B WTW, María Laura Domínguez, participaron del cuarto panel de Ámbito Debate.

La presidenta de UART, Mara Bettiol; y la gerente técnica de H&B de WTW, María Laura Domínguez, participaron del cuarto panel de Ámbito Debate, coorganizado con FANDOM de Seguros, titulado “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber”.

El ciclo, moderado por la conductora de FANDOM de Seguros, Eliana Carelli, se refirió a cómo abordar la problemática de la ART y los juicios. En primer lugar, Bettiol puso el foco en la posibilidad de una reforma laboral. “Hoy todo lo vinculado al trabajo está a tope de agenda porque hace más de 10 años que el empleo no crece”, expresó.

Para la referente de UART, “una de las causas tiene que ver con la judicialidad laboral, que la mitad corresponde a riesgos del trabajo, es decir directo al ART, y el resto a las demás causas por juicios laborales en forma directa a los empleadores”. Sobre esta situación, destacó que “indirectamente incide en el costo argentino y el costo del empleador”, detallando que “son 260.000 juicios que hoy están aplastando la posibilidad de generar empleo y están haciendo colapsar al sistema de riesgos del trabajo”.

Reforma laboral, el rol de la Justicia y la afectación del empleo

“Hicimos un camino muy importante en riesgos del trabajo, con una ley que costó muchísimo generar consenso con empleadores, sindicatos, cámaras y el gobierno. Ya hace 8 años, cada uno cumplió con este rol y 18 legislaturas provinciales aprobaron una ley que no está siendo cumplida por un actor muy importante, que es la Justicia”, apuntó Bettiol.

La experta indicó que “los tribunales superiores no conformaron los cuerpos médicos forenses, es decir los peritos en las instancias judiciales” y cuestionó que “los juzgados laborales están cooptados por peritos que no tienen más mérito que estar en una lista, cobran a comisión y nadie les pide explicaciones ni controla, sino que el juez simplemente ratifica lo que dice”.

Sobre esta situación, detalló que los peritos “estipulan una pericia y un porcentaje de incapacidad que, si es ratificado por el juez, que pasa en casi el 100% de los casos, hay una correlación muy directa entre ese porcentaje y su honorario”, por lo que lo calificó como “un incentivo perverso” y recordó que, según datos oficiales, “un 91% de los juicios ingresados fueron de cero incapacidad o casos que no le correspondía una incapacidad en términos de ley”.

De esta manera, analizó que el pedido por los cuerpos médicos forenses “no es un privilegio particular, sino cumplir con la ley y generar una cuestión de reglas claras y seguridad jurídica, porque tenemos ley y un sistema que funciona y da respuesta, pero hoy está colapsando por la cantidad de juicios”.

Puntualmente sobre la reforma laboral consideró que “es parte del tema y es necesaria para temas que no son riesgos del trabajo”, al señalarla como importante para generar empleo de calidad. “Hoy tenemos 10 millones de trabajadores cubiertos y podríamos más que duplicarlo. Cualquier empleador dice que, si no tuviera esta exposición judicial o si bajaran los costos, desde ya que habría más empleo. La judicialidad laboral incide en el 70% de las decisiones de la generación de empleo”, apuntó.

La comunicación para desarmar una judicialidad creciente

A su turno, Domínguez llamó a “la concientización y el involucramiento”, al recordar que “este sistema nace como una cobertura obligatoria y se paga desde el sistema de seguridad social, pero tiene un concepto de tasa de uso, cuánto más usás más costo vas a tener”.

Frente al panorama judicial, consideró que “un primer punto fundamental es el costo, es decir que, si voy a pagar, tengo que saber cuánto y por qué”, detallando que “más del 50% de impacto en la prima es el costo judicial”. A eso sumó “el involucramiento de los directores financieros de las áreas, que antes era potestad de recursos humanos y ahora se empieza a vincular porque el impacto económico cuando la judicialidad pega fuerte ocurre en los costos”.

Al mencionar signos de un juicio en puerta, la referente de WTW afirmó que “los casos de autodenuncias, rechazos o cartas documento son en general una primera alarma de que va a ingresar un juicio” y valoró que “en esa instancia tenés muchas posibilidades de desarmar ese conflicto”.

“El trabajador no tiene conciencia o conocimiento de que esto afecta directamente a la empresa, entonces es fundamental la comunicación. Si conversás, vas haciendo un cambio cultural contra esta industria de unos pocos y lo enfoca en que al empleador nada le pasa, que no es verdad”, expresó Domínguez.

Asimismo, recordó que “esto lo pagamos todos” y comparó: “No es lógico que un sistema funcione con el 170 cada 1.000 de judicialidad, cuando en Chile y España, que tienen un sistema similar, es de 5 cada 1.000”.

El involucramiento empresarial como factor clave

Al ahondar en posibles factores de mejora, Domínguez destacó que es importante para el empleador “involucrarse a nivel conocimiento del empleado” y recordó que “siempre está la posibilidad de conversar si el trabajador tiene una disconformidad”.

En ese sentido, recordó que “hay juicios que se revierten” y blanqueó que “es más exitoso cuando hiciste el proceso previo y ves que el empleado ve que estás en seguimiento y no es tan fácil que el abogado le diga ‘no pasa nada’”. Y destacó la importancia de ir por ese camino al señalar que “menos juicios generan más crecimiento y eficiencia en costos”.

Bettiol consideró además que “el empleador necesita de un sistema asegurador que garantice esa cobertura y el trabajador desde la prevención y la reparación si el accidente se produce”, mientras instó además a hacer lo propio a las cámaras empresarias de las actividades. En paralelo, insistió sobre el rol de la Justicia. “Si un abogado te hace una promesa sobre la incapacidad, pero no es validada por la Justicia, sería distinto”.