Política

Servicio Cívico: ex detenidos de Campo de Mayo aseguran que la medida causó "mucha indignación"

En diálogo con Ámbito, el abogado querellante en la Megacausa Campo de Mayo, Pablo Llonto, cuestionó que Gendarmería haya sido puesta a cargo de una política pública. Estupor entre familiares de víctimas y exdetenidos.

Horas después de conocerse la creación del Servicio Cívico Voluntario en Valores, referentes políticos y de derechos humanos manifestaron su repudio a la medida oficial que impulsa la “capacitación en valores democráticos y republicanos” entre jóvenes de entre 16 a 20 años. La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a responder las críticas y desestimó que el anuncio se trate de una vuelta de la “colimba”.

Entre los principales argumentos de los cuestionamientos al anuncio oficial se señaló, en primer lugar, que Gendarmería haya sido puesta en el centro de una política social destinada a jóvenes y adolescentes, en lugar de las carteras de Desarrollo Social y/o Educación. En segundo lugar, la falta de detalles a la hora de especificar qué tareas realizarán los inscriptos y a qué se refiere la resolución oficial a la hora de definir a los “valores democráticos y republicanos” de la fuerza armada, habida cuenta de su rol durante la última dictadura militar y su impacto en la historia reciente. Pero además, el texto oficial dio a conocer que una de las sedes de las pruebas piloto, y que fue además la elegida por la ministra y el propio Mauricio Macri para lanzar el anuncio, es Campo de Mayo, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención y tortura más grandes del país: El Campito.

En diálogo con Ámbito, Pablo Llonto, abogado querellante de la Megacausa Campo de Mayo, afirmó que ningún miembro del Gobierno se comunicó con los exdetenidos ni con los familiares de las víctimas.

Causó mucha indignación la medida de Bullrich, sobre todo en este momento en el que decenas de excolimbas que hicieron el servicio militar obligatorio en Campo de Mayo están contando el horror que vivieron y las cosas que vieron durante su paso por ese lugar, bajo las mismas consignas que hoy promueve el Gobierno”, explicó Llonto.

Para el letrado, Gendarmería “no es la institución adecuada” para encabezar una política pública que tiene como objeto a los jóvenes y adolescentes. “Hay centenares de gendarmes que están siendo juzgados y buscados”, sostuvo.

Gendarmería jamás hizo una autocrítica de su implicancia en la dictadura, y esa es una gran deuda pendiente”, remarcó Llonto, contraponiendo el caso al del Ejército, sobre el cual el exteniente general Martín Balza, se expidió en un fuerte discurso a mediados de los noventa, en el que admitió los procedimientos aberrantes utilizados durante la represión ilegal.

Se calcula que por el enorme predio militar pasaron decenas de miles de detenidos durante la última dictadura cívico militar. Allí funcionó uno de los centros de detención y tortura más grandes del país: El Campito. Debido a la importancia vital que el lugar tiene para ayudar a dar con el paradero de desaparecidos, familiares de víctimas y ex detenidos han pedido en varias oportunidades que se preserve el terreno.

Actualmente hay dos juicios que abordan las torturas y desapariciones forzadas de personas en Campo de Mayo. Uno de ellos, que se conoce con el nombre de Contraofensiva, investiga los delitos de lesa humanidad cometidos contra un grupo de militantes que regresaron al país entre 1979 y 1980, y que fueron enviados a El Campito.

Por otra parte, la Megacausa Campo de Mayo incluye las desapariciones de obreros de la automotriz Mercedes Benz, y Ferrocarriles Mitre y Belgrano Norte, en el marco de un proceso en el cual son juzgados 22 imputados por delitos cometidos contra 323 víctimas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 10 nietos aún buscados.

En varias oportunidades los familiares de las víctimas pidieron al Estado que preserve el terreno debido a las pruebas que puede aportar en la identificación de desaparecidos y de bebés nacidos en cautiverio. Según Llonto, en el predio ya se realizaron cuatro excavaciones a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense, y está prevista una quinta. A raíz de estas investigaciones se pudo conocer que un antiguo edificio de material y dos galpones de chapa funcionaron como “pabellones” de detención. Los militares demolieron el lugar pero los sobrevivientes y la CONADEP lograron identificarlo en 1984. Los cimientos se encontraron recién en 2010.

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