El gasto en subsidios registró una reducción del 18,4% interanual en términos reales, por la baja en energía y el agua. Por el contrario, tuvo un alza en el área del transporte, según el último reporte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin embargo, el trabajo anticipa los riesgos del impacto de la inflación en un nuevo retraso tarifario, y por ende el efecto en el gasto. Son los subsidios energéticos donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) pondrá la lupa para que se cumpla la meta anual de déficit fiscal, en un contexto de caída de la recaudación por la sequía.
Subsidios: gasto cayó por energía y segmentación, pero creció en transporte
Registraron en general una caída en términos reales en lo que va del año debido a la implementación de quitas en la asistencia.
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Los principales subsidios económicos a los sectores agua, energía y transporte tuvieron en febrero un crecimiento acumulado anual del 65,6%, respecto de igual periodo del año anterior. Teniendo en cuenta la inflación, la variación real indica que el gasto en subsidios cayó 18,4%. El trabajo realizado por el Observatorio de tarifas y subsidios del IIEP muestra las diferencias según los rubros.
En el caso del agua, los subsidios en el primer bimestre del 2023 fueron de $2.522 millones, una caída en términos reales del 36,3%. En la energía, la baja acumulada en lo que va del año es de 28,2%. La caída más fuerte se da por los gastos de Cammesa, de $134.188 millones, una baja del 50,9%. También porque no se aplicó el plan gas I, II, III y la resolución 46 del gas no convencional que implicaron gastos el año anterior. Donde si se observan un alza en las erogaciones fue en el plan gas ar que lanzó el Ministerio de Economía con Sergio Massa a la cabeza, que implicó subsidios por 1.973 millones (+118,6%), y por los gastos de Enarsa, de $89.000 millones (+213,5%), por el adelantamiento de importaciones debido a la baja internacional de precios.
Con las caídas de subsidios en agua y energía, el rubro donde si hubo un suba en términos reales fue el del transporte, donde creció 19,5% en el acumulado del primer bimestre, comparado con el mismo período del año anterior. La explicación recae en las subas registradas en la administración de infraestructuras ferroviarias, y en lo destinado a la empresa de ferrocarriles, aunque el mayor gasto se da en el fondo fiduciario del sistema de infraestructura del transporte: $52.040 millones (+126,3%). Este fondo es el que tiene como finalidad el financiamiento de la cobertura de los subsidios al autotransporte de pasajeros, explica el reporte.
Sin embargo, el informe también hace una salvedad, que se observa en el caso de Cammesa: la compañía que administra el mercado eléctrico devengó cero pesos en enero, mientras que en igual periodo del año anterior tuvo devengamiento positivo. “Esta situación encuentra explicación estacional (en enero hay bajos pagos comprometidos respecto al resto del año)”, detalla. Estas diferencias entre lo devengado y lo efectivamente pagado explican la contribución de los subsidios a la deuda flotante. En los últimos 24 meses, se incrementó en $486.802 millones en términos nominales.
Por este motivo, el economista Julián Rojo, especializado en temas energéticos, explicó que si bien esta caída en términos reales de los subsidios es novedosa, el primer bimestre puede ser poco representativo. “A mitad de año podremos tener un panorama un poco más claro de la caída o aumento real”, afirmó.
Además, hacia adelante podría impactar la inflación, estimada en más de 100% para el 2023 por las consultoras que releva el Banco Central. Esto es por la evolución de la tarifa en términos reales: entre enero de 2019 y agosto de 2023, la tarifa residencial para un consumo promedio se redujo 64%. Desde entonces, la tarifa media para los usuarios del Nivel 2 (bajos ingresos) y nivel 3 (ingresos medios) continuaron su trayectoria decreciente hasta la actualidad, mientras que la factura final para usuarios N1 (altos ingresos) aumentó a partir de la implementación de la segmentación, y se encuentra en los niveles de 2019.
“De no mediar aumento de tarifas en lo que resta del año, se prevé una reducción de la factura en términos reales para los tres niveles de usuarios residenciales”, anticipa el trabajo de la UBA. El Gobierno definió el año pasado que la suba de tarifas iba a ser menor a la variación de los salarios del año anterior: hasta 80% en el caso de los altos ingresos, y hasta 40% en el caso de ingresos medios. “Los parámetros se bastaron en aumentos salariales formales del 90% promedio, pero los costos van al 100%, por lo que tenés un doble atraso real en cualquiera de los dos segmentos, por eso la gran duda es qué van a hacer este año, sobre todo porque hay elecciones”, opinó Rojo.
Además, el FMI en su última revisión trimestral aceptó flexibilizar la meta de reservas, pero a cambio pidió “controles continuos de gastos”, a través de la focalización de subsidios energéticos. En el comunicado, agregó que “las autoridades planean continuar implementando el esquema de segmentación acordado, eliminando los subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos a partir de mayo y para los usuarios comerciales a fines de 2023”.
Una de las variables que miran en el Gobierno a la hora de analizar tarifas es la condición de “pobreza energética”, y que las facturas no representen más del 10% del gasto de los hogares. Actualmente, para las personas con tarifa social y de ingresos medios, la relación entre la factura final y el salario es del 1%, medida a partir de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Para el caso de los de altos ingresos, está en 1,8%. El valor más alto de los últimos años fue en 2019, cuando había llegado al 3%, indicó el trabajo.
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