Las elecciones de medio término dejaron un mensaje para las grandes tecnológicas: el rechazo a los data centers y al avance de la inteligencia artificial gana peso político. Con los republicanos en la Casa Blanca, el Congreso demócrata podría impulsar nuevas restricciones a estos proyectos.
Archivo. El descontento por el avance de los data centers, una clave oculta de las elecciones en EEUU.
Los resultados de las elecciones de medio término del 3 de noviembre no solo le dieron a los demócratas el control total del Congreso de Estados Unidos y un duro golpe al liderazgo del presidente Donald Trump. También dejaron en evidencia un fenómeno que empieza a preocupar a las grandes tecnológicas: la resistencia social a la expansión de los data centers y al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) se convirtió en un factor electoral.
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El nuevo escenario abre la puerta a una mayor regulación de esta infraestructura, desde restricciones para habilitar nuevas construcciones hasta mayores exigencias para las empresas y mecanismos de participación de las comunidades locales. Con los republicanos todavía en control del Poder Ejecutivo, el país se encamina hacia un escenario de fuerte división política.
La preocupación por los data centers, infraestructura clave para el desarrollo y funcionamiento de los sistemas y modelos de IA, tuvo un lugar destacado en las urnas de distintos estados. Una encuesta a boca de urna de NBC mostró que más de la mitad de los votantes considera que la inteligencia artificial provocará más perjuicios que beneficios.
Además, casi el 80% se manifestó en contra de construir data centers en sus barrios y cerca del 60% aseguró que estas instalaciones fueron un factor crucial o determinante al momento de votar.
Quienes defienden la expansión de esta infraestructura, abogan por la necesidad de que Estados Unidos preserve su ventaja tecnológica y militar frente a China. Sin embargo, la discusión - que comienza a profundizarse tras el resultado electoral - parece apuntar a quiénes se beneficiarán con estos proyectos y que sectores sociales deberán afrontar los daños colaterales.
En distintos estados, los votantes expresaron su oposición al desarrollo de la inteligencia artificial, pese a los millones de dólares que los super PACs vinculados al sector tecnológico destinaron a intentar influir en los resultados.
Ohio fue uno de los escenarios donde la resistencia tuvo mayor impacto. Allí, OpenAI tiene en la mira un proyecto de data centers valuado en u$s500.000 millones, con más de u$s100.000 millones en financiamiento respaldado por Nvidia.
Al mismo tiempo, un condado del estado donde Meta proyectaba construir una instalación de 700.000 pies cuadrados aprobó una prohibición para este tipo de desarrollos. En otras comunidades, las iniciativas para habilitar nuevas instalaciones también fueron rechazadas ampliamente.
Los analistas de Morgan Stanley consideran que Amy Acton, gobernadora electa demócrata de Ohio, podría representar un riesgo significativo para la expansión de estos proyectos. La tendencia también se reflejó en otros estados: candidatos de Texas, Maine, Michigan, Nevada, Georgia y Carolina del Sur consiguieron bancas después de posicionarse en contra del crecimiento acelerado de los data centers
Entre las medidas que podrían ganar terreno con la nueva configuración del Congreso - y el cambio de color en algunas gobernaciones - aparecen las moratorias para nuevas construcciones y la obligación de que las propias compañías financien las mejoras necesarias en la red eléctrica. El objetivo sería evitar que los costos de ampliar la infraestructura energética terminen trasladándose a los usuarios y las comunidades cercanas. En esa línea, Goldman Sachs anticipa posibles demoras en proyectos de data centers en estados como Georgia y Texas, a partir del avance electoral demócrata.
El nuevo equilibrio legislativo también podría mejorar las posibilidades de avanzar con iniciativas que ya fueron presentadas en el Congreso. Una de ellas es el proyecto impulsado a principios de este año por el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, que propone establecer una moratoria nacional para la construcción de nuevos data centers.
La iniciativa plantea suspender las nuevas obras hasta que el Congreso defina salvaguardias que garanticen que estos desarrollos no aumenten las tarifas eléctricas, no provoquen daños ambientales y cuenten con la aprobación de las comunidades involucradas. De todos modos, incluso si consiguiera avanzar en el Congreso, el proyecto podría enfrentar un veto presidencial.
Otra propuesta que podría ganar impulso es la Ley de Ahorro de la Red Eléctrica, presentada por el senador de Nuevo México Martin Heinrich. Su objetivo es impedir que los costos de las obras de infraestructura eléctrica necesarias para abastecer a los grandes data centers de inteligencia artificial recaigan sobre las comunidades.
El impacto ambiental también aparece entre las principales preocupaciones. Los casos de Memphis, donde opera el data centers de xAI, y de Virginia, considerada la capital mundial de estas instalaciones, concentraron cuestionamientos por el uso de turbinas de gas para generar electricidad.
En Texas, tanto la flamante ganadora, Gina Hinojosa, como el gobernador saliente, Greg Abbott, defendieron la implementación de ciertas restricciones. Sin embargo, la gobernadora electa convirtió su oposición a estas instalaciones en uno de los ejes de campaña, una postura especialmente relevante en Texas, donde la red eléctrica mostró vulnerabilidades durante la última década.
Durante el último mes, las preocupaciones planteadas por residentes de distintas comunidades estuvieron relacionadas con el impacto ambiental de estas instalaciones y, especialmente, con la falta de participación en las decisiones sobre su construcción.
El caso de Amazon en Gilroy, California, es ilustrativo. La compañía levantó allí un data centers sin que buena parte de los habitantes conociera el proyecto, mediante el aprovechamiento de una normativa de zonificación aprobada hace 45 años. Las regulaciones ambiguas o desactualizadas y los acuerdos de confidencialidad que impiden a funcionarios locales hablar públicamente sobre determinados desarrollos profundizaron el malestar.
A esto se suman los beneficios fiscales que recibieron las empresas tecnológicas, que acumularon miles de millones de dólares en exenciones impositivas. Aunque las compañías destacaron los beneficios económicos de sus proyectos, entre ellos la creación de puestos de trabajo y los programas comunitarios, esos argumentos no alcanzaron para convencer a buena parte de los residentes.
El reclamo social que crece en EEUU apunta, en definitiva, a recuperar capacidad de decisión sobre lo que sucede en sus propios barrios. También existe el temor de que el crecimiento de la inteligencia artificial concentre todavía más riqueza en un grupo reducido de empresas y empresarios, mientras las comunidades asumen los costos ambientales y energéticos y enfrentan un aumento del costo de vida.