Mauricio Macri encabezará hoy la firma del convenio de traspaso de la Justicia ordinaria a la órbita porteña, tal como anticipó este diario, y aún con la resistencia de los funcionarios judiciales. El acto será a las 9.15, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y estarán Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y de la Ciudad, Martín Ocampo.
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La firma del convenio disparó febriles reuniones entre jueces en plena feria de enero, y la movilización de empleados judiciales que nuevamente intentarán resistir el primer paso simbólico para la transferencia de los tribunales. Como reveló este diario, hoy era el nuevo "Día D" fijado por el Gobierno para la transferencia. Sin contar con la confirmación detallada de los alcances de la iniciativa oficial, la poderosa Asociación de Magistrados expresó su rechazo mediante un comunicado, al que se sumaron voces en contra de las comisiones internas, tanto las que reportan a Julio Piumato como de la oposición al sindicalista.
A Presidencia se le acumulaban ayer los pedidos de acreditación de los asistentes, funcionarios porteños y nacionales que habían participado de la redacción de los acuerdos que apelando a la Ley Cafiero modificarán partes sustanciales de esa norma para permitir la migración. Frente a esto, la histórica agrupación que nuclea a jueces, fiscales y defensores salió de punta para volver a intentar la postergación del convenio , como había logrado a fines de noviembre pasado. "Ante la inminencia de la suscripción entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de un convenio para la transferencia de funcionarios, empleados, órganos y competencias de la Justicia Nacional Penal al ámbito de esta última, esta Asociación rechaza enfáticamente dicha decisión como ya lo ha manifestado en anteriores oportunidades", comenzó el comunicado que hizo foco en el fuero penal.
"Señalamos el riesgo de que este traspaso y el nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones políticas", se quejaron los jueces que pusieron de relieve su preocupación sobre el régimen sancionatorio, el que calificaron de "precario". Así consideraron como "irreal que dicho traspaso pueda mejorar el servicio" de Justicia con la misma cantidad de personal.
"Tal circunstancia se ve agravada cuando el propio convenio prevé la transferencia, entre muchos otros, de los delitos contra la administración pública que pudiesen cometer las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", advirtieron. También hubo un apartado de queja hacia la situación de los fiscales: "manifestamos que el traspaso previsto atenta contra las garantías de autonomía e independencia consagradas en el artículo 120 de la Constitución Nacional". Fue, a pesar de la Asociación, un guiño a Alejandra Gils Carbó, a quien el Gobierno busca generarle una zancadilla de paso.
"Manifestamos una vez más nuestro rechazo al desmembramiento de la Justicia Nacional Penal, reiterando así la posición que ininterrumpidamente mantuviera esta Asociación, la que será sostenida frente a todos los poderes del Estado, iniciándose oportunamente las acciones que correspondan", anticiparon. A eso se sumó la Lista Azul, que comanda la comisión interna del fuero penal convocando a no iniciar las actividades el 1 de febrero si se firman los convenios.
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