Ahora el debate es jurídico

El caso ocurrió cuando chocaron dos barcos y uno, propiedad de la empresa, perdió 5.300 metros cúbicos de hidrocarburos que afectó, obviamente, costas, fauna y flora. Para la Municipalidad de Magdalena, el abandono de residuos peligrosos es un delito penal, mientras que los intereses de la compañía aducen que el petróleo no es un residuo peligroso. La batalla jurídica continúa, ahora a cargo del juez Manuel Blanco luego de la decisión de la Cámara, quien debe expedirse amparando a los directivos de la empresa o, tal vez, procesándolos por manipulación indolente del hidrocarburo.Más allá de este caso específico, y atento a otros acontecimientos semejantes ocurridos en el mundo -caso del derrame en las costas gallegas-, lo que está en juego es la aplicación o no del principio del que contamina paga. Como es natural, los privados se presumen exentos de cualquier daño, mientras los afectados exigen una reparación por las derivaciones no deseadas de cierta actividad industrial.
Es interesante la pugna jurídica hoy en los tribunales locales ya que la empresa sostiene que el residuo petrolero no es peligroso -por lo tanto no merece compensación- mientras la doctrina entiende que el derrame de hidrocarburos constituye un delito de peligro abstracto, que no debe siquiera acreditar el daño ya que el solo contacto con tierra, aire, agua y atmósfera supone un perjuicio no solo de índole económico, sino ambiental. Le toca entonces a la Justicia determinar sobre este tema, presiones aparte, en que no solo está en juego lo económico como puede ser la pesca, el turismo, el entorno paisajístico, la vida acuática -animal y vegetal-, sino el impacto de malversación ecológica, tema que hoy en todos los foros del mundo merece una atención prioritaria.