Alientan figura de testigo reservado

En el plano político, el denunciado estancamiento en la investigación de los crímenes de Leyla Nazar y Patricia Villalba caldea cada vez más los ánimos. Ayer el presidente de la UCR provincial, el senador nacional José Luis Zavalía, anunció que los legisladores santiagueños de su partido «apoyarán los proyectos de intervención al Poder Judicial provincial». El líder radicar informó que hoy solicitarán en la Legislatura provincial el tratamiento de dos proyectos sobre la independencia del Poder Judicial. Se propicia allí la reforma de la ley de enjuiciamiento de los magistrados, en tanto que también se impulsará la reforma del Consejo de la Magistratura.
Mientras tanto, otro capítulo de la investigación se vivió ayer, cuando el juez que investiga el caso, Dardo Herrera, interrogó a tres jefes policiales -identificados sólo cómo Rodríguez, Padilla y Gómez- que estaban bajo el mando del ex jefe de Inteligencia, Antonio Musa Azar. «No tenemos nada que ver con los casos que se investigan, desconocemos el episodio y nuestro trabajo consistía en levantar información en la calle», dijo escuetamente Padilla al salir de los tribunales de La Banda.
A cinco meses de los asesinatos se encuentran detenidos cinco hombres y sólo uno de ellos, José Patricio Llugdar, está procesado. Ante este panorama, Younes Nazar, padre de Leyla, amenazó con instalar una carpa y encadenarse frente al juzgado de La Banda donde se investigan los asesinatos para reclamar Justicia. Además. anunció que pedirá la intervención en el caso de diplomáticos de su país, Palestina.
Por su parte, Raquel Llobet, la abogada de la familia Villalba, denunció ayer que fue intimidada este fin de semana por desconocidos que intentaron embestir su auto en una ruta santiagueña.
Otra vuelta de la jornada de ayer estuvo en manos del abogado Juan Carlos Storniolo, actual asesor del Obispado santiagueño, que denunció penalmente al ex gobernador de Carlos Juárez y a su esposa, la actual mandataria Mercedes Marina Aragonés; los acusa de presuntos ascensos irregulares del personal policial desde 1995 hasta la fecha.