En medio de una creciente estrechez financiera, las provincias diseñan nuevos ajustes en las administraciones públicas, con el consiguiente rechazo de los sindicatos estatales (como en el caso de Buenos Aires). Por caso, en Mendoza buscan ahorrar entre $ 80 millones y $ 120 millones con un fuerte freno al gasto público.
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En Buenos Aires, el secretario general de la Gobernación, José Scioli, admitió la necesidad de avanzar en un proceso de «ajuste» en el ámbito de la administración pública provincial, mientras negocia con la Nación una asistencia financiera que le permita contener un déficit -reconocido- de más de $ 5.500 millones para este año.
«El ministro de Economía (Alejandro Arlía) ha tenido una ronda con cada uno de los ministerios para ajustar las cuentas en el último semestre del año», aseguró en la última hora el hermano del gobernador.
En ese sentido, explicó que en la «ronda, que se está haciendo con cada ministro, se va viendo de qué manera podemos reestructurar el Presupuesto, qué gastos puede haber innecesarios en el último semestre del año para correrlos hacia el primer semestre del año que viene» y, contundente, remarcó: «Bajo ningún punto de vista vamos a emitir un bono» para afrontar el déficit de las cuentas públicas.
En tanto, en Mendoza, el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, aseguró que el Ejecutivo quiere ahorrar $ 120 millones, por lo que no se iniciarán nuevas obras y se congelarán nombramientos, subsidios y aportes. «La provincia no está en déficit, porque hasta ahora se ha logrado ejecutar el Presupuesto de forma equilibrada», dijo el funcionario de Celso Jaque y reveló el plan «preventivo» con el que apuesta a evitar caer en el desequilibrio de las cuentas públicas, como ya ocurre en otras provincias.
Ahora, el gobernador debe decidir desde cuándo ejecuta este severo freno al gasto público y si lo hará parcial o totalmente. El riesgo del déficit existe y el mandatario justicialista se juega una ficha de elevado valor para su reposicionamiento tras la derrota electoral.
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