Aumento improvisado detonó ola de conflictos

En febrero pasado, el titular de la cartera de Educación nacional anunció un unilateral aumento del salario mínimo a docentes del país, quebrando las negociaciones locales y ante la sorpresa de los gobernadores.
La medida, de innegable carácter electoral, desató una seria escalada de medidas de fuerza en buena parte de las provincias, ante la insólita falta de precisiones sobre el financiamiento nacional que recibirán algunos distritos para paliar el nuevo esfuerzo de los presupuestos locales, que ya en promedio va destinado en 50% a salarios.
De esta manera, los maestros se erigen nuevamente como el gremio más combativo y como un escollo de consideración para el Presidente.
A esta altura, parece quedar claro que Kirchner y Filmus (ayer, en San Juan, en el marco de la inauguración de una escuela) pisaron en falso al instalar con bombos y platillos una Ley Federal de Educación que hoy no logra asegurar un mínimo de 180 días de clase en un preocupante número de distritos, ante la precariedad que sufre el financiamiento de este sector clave.
Los serios incidentes de ayer dejaron mal parado al líder de la CTA y máximo referente de los docentes, Hugo Yasky, quien se vio forzado a activar un paro de 24 horas en todo el país el próximo lunes, pese a la buena sintonía que mantiene con el santacruceño y con Filmus. CTERA participó activamente del diseño de la ley federal educativa que hoy hace agua.
El pico de tensión por las protestas se registra, además de en Neuquén y Salta, en la propia provincia del Presidente, que virtualmente ya exportó el modelo de crisis docente a otros distritos. Allí, los maestros santacruceños gestaron días atrás, con apoyo estatal, la mayor movilización registrada en Río Gallegos desde 1987.
En Buenos Aires, en tanto, sólo una virtual intervención federal del Ministerio de Economía provincial -tras el portazo de Gerardo Otero- logró destrabar agónicamente el inicio de clases, vía un nuevo aumento salarial. Pero el diagrama de protestas se mantiene vivo todavía en cerca de una decena de provincias.
El año signado por los comicios provinciales y nacionales es otro elemento que aviva el fuego gremial, ya que los sindicatos apuestan a exprimir la aguda aprehensión que los mandatarios muestran ante potenciales conflictos sociolaborales que les puedan espantar votos.
Kirchner mira con preocupación esta postal, sobre todo a partir del trance que tuvo que soportar Carlos Menem, a quien le montaron una emblemática Carpa Blanca durante 1.003 días, en reclamo de una ley de financiamiento educativo, en lo que fue una de las más extensas protestas contra esa gestión (con fuertes movilizaciones en el interior del país).
Precisamente, la instalación de ese símbolo de la lucha de los gremios docentes cumplió el pasado lunes una década. Diez años después, los hechos confirman que el problema del financiamiento de la educación se mantiene como una asignatura pendiente.
Pese a las promesas oficiales, hasta el momento la Ley Federal de Educación de la que se vanagloria el candidato porteño Filmus no logró controlar las protestas y tampoco puede asegurar los 180 días de clase previstos en esa norma.
Sugestivamente, uno de los picos de la protesta docente en el interior se vive en Santa Cruz, donde el gobierno del justicialista Carlos Sancho decidió virtualmente militarizar la provincia, al ordenar custodiar todas las escuelas con policías, gendarmes y prefectos para evitar eventuales tomas.
La doble embestida de estatales y docentes contra la gestión de Sancho disparó un nuevo capítulo en el enfrentamiento que mantiene Kirchner con la Iglesia, a partir de la participación del obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín, en la masiva marcha concretada días atrás en la capital provincial.
En las últimas horas, Romanín volvió a agitar las aguas, al asegurar que «a quien piensa distinto se lo ve como enemigo u opositor», y que «existe una provocación para que tengamos violencia» frente a algunos apremios sufridos por el gremio docente local.
El padre salesiano aseguró también -en declaraciones a la radio del obispado, difundidas por «Tiempo Sur»- que «la militarización» de la ciudad «es exagerada», y que «muchos sacerdotes de la provincia tienen miedo», en el marco de los cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Iglesia.
En otros distritos -como en Neuquén y en Salta-, la protesta tomó la forma de cortes de ruta, copiando el «modelo Gualeguaychú»: piquetes en rutas clave, en plena temporada turística -en este caso, Semana Santa-, para forzar una reacción de los gobernantes.