24 de marzo 2008 - 00:00

Botnia: directivos no declararían

Entre Ríos - La Justicia entrerriana espera escuchar a partir de mañana las declaraciones de cuatro autoridades de la empresa Botnia en la causa que se sigue por «contaminación ambiental», aunque los directivos de la papelera no se presentarían, alegando que no recibieron las citaciones pertinentes.
Así lo indicaron fuentes de la empresa citadas por el portal uruguayo Espectador.com, luego de que el juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, dispusiera en diciembre último que cuatro autoridades de la compañía deberían presentarse en Entre Ríos entre el 25 y 28 de marzo, en el marco del juicio que inició el gobierno entrerriano en 2006.
Según fuentes judiciales, el magistrado había citado por vía diplomática al gerente general de Botnia, Ronald Beare; al gerente de Proyectos, Kaisu Annala; al apoderado de esa firma en Fray Bentos, Carlos Faropa, y al presidente y gerente general de Mesa Botnia, Erkky Varis.
No obstante, desde la empresa deslizaron que no recibieron las notificaciones correspondientes, por lo que sería muy difícil que los directivos se presenten ante Quadrini.
Las intimaciones ordenadas por el magistrado entrerriano fueron giradas a la división de asuntos jurídicos de la Cancillería el 27 de diciembre pasado, y desde allí habrían partido a la Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del Uruguay, organismo encargado de remitir el pedido a la Justicia local.
En Gualeguaychú aseguran que los directivos ya están notificados, aunque del lado oriental niegan que las citaciones hayan llegado a destino.
La causa que maneja Quadrini fue iniciada por el gobierno de Entre Ríos por supuesta contaminación del río Uruguay por parte de la papelera de capitales finlandeses, instalada sobre la vera oriental de ese curso, en la localidad de Fray Bentos.
La denuncia había sido elevada en enero de 2006 por el entonces gobernador Jorge Busti y su vicegobernador, Guillermo Guastavino, contra nueve directivos de Botnia y de la española ENCE, que por entonces también planeaba instalarse en esa localidad. Más tarde, la Justicia aceptó sumar como querellante en la causa a la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú.

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