Botnia: seguirán sin declarar por el corte de ruta

Vecinos de Gualeguaychú se movilizaron hacia la Casa de Gobierno de Entre Ríos para manifestar su respaldo a los asambleístas querellados.

Entre Ríos - En una medida que fue celebrada en Gualeguaychú, la Cámara Federal de Paraná resolvió ayer que no sean indagados los asambleístas querellados por el Gobierno nacional por el bloqueo de la ruta internacional 136 durante tres años y siete meses, en protesta contra la pastera UPM (ex Botnia).

Si bien los jueces no se expidieron sobre el corte de ruta, tras la lectura de la sentencia el abogado Jaime Martínez Garbino interpretó que la causa, que ahora volverá a manos del juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, sufrirá un freno.

Por su parte, el también letrado Luis Leissa señaló que «la causa queda paralizada, pero sigue abierta y dependerá de la Fiscalía de Concepción del Uruguay».

El alivio judicial tiene que ver con que, en paralelo, penden además sobre alrededor de 40 ambientalistas otras causas judiciales por los cortes de ruta posteriores.

El tribunal no hizo lugar a la demanda que la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Daniela Neyra, presentó contra la decisión de Pimentel, quien había desestimado el pedido para indagar a 10 asambleístas por considerar que no existió delito en ese extendido piquete por «un déficit de conciencia en la realización del ilícito» que les impidió «comprender la criminalidad del acto».

De esta manera, la resolución de ayer confirmó ese rechazo a la indagatoria, por dos votos contra uno. El presidente de la Cámara, Daniel Alonso, y la magistrada Cintia Gómez votaron en rechazo a la apelación de la fiscal, en tanto que el juez Gustavo Ibáñez avaló esa demanda.

Según los jueces, «el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal ha sido mal concedido», considerando que «la forma en la que viene encarada la investigación del caso impide hasta el momento conocer cuál o cuáles serían las conductas típicas concretas y quiénes serían los sujetos activos de las mismas en orden al material cargoso que se pudiere reunir».

La difusión del fallo fue seguido en Paraná por cerca de cien integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental, que recibieron con aplausos la novedad judicial y luego marcharon, por primera vez, hasta la Casa de Gobierno, en la provincia del justicialista Sergio Urribarri.

La instancia judicial se inició a pedido del Gobierno de Cristina de Kirchner, luego de tres años y siete meses de corte de la ruta que conduce al puente General San Martín.

La estrategia dio finalmente sus frutos, ya que influyó en la posterior decisión de los asambleístas de habilitar una tregua en el corte de 60 días, que luego se prolongó en el tiempo. Durante esos dos meses se produjo, precisamente, la firma del acuerdo de monitoreo ambiental entre la jefa de Estado y su par uruguayo, José Mujica.