14 de abril 2005 - 00:00
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Alrededor de 250 jueces reclamaron la indexación de sus salarios, y mediante fallos judiciales y embargos a las cuentas públicas percibieron más de 20 millones de pesos desde comienzos de 2002, de acuerdo con cifras oficiales.
En un encuentro con diputados provinciales, Cobos sostuvo que no quiere «privilegios» y criticó duramente la vía empleada por los jueces para reclamar incrementos salariales a través de «amparos» con «embargo y sentencias», según señaló la gobernación mendocina.
«Más amparo tendría que tener la gente que no tiene vivienda, tal como la Constitución lo indica», afirmó Cobos, quien señaló que «el gobierno presta salud, educación, justicia, seguridad, y si algunas de las áreas se lleva más de lo que corresponde, cada una de las partes se verá afectada y alterada».



