Condenan fallo que despenaliza consumo de drogas

Ante una posible reapertura del debate y la predisposición que sostendrían en esta dirección los jueces de la Corte Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires se mantienen alertas, en tanto que otros distritos, si bien no hicieron declaraciones públicas al respecto o eluden el tema, son abonados a posturas más conservadoras.
Patricia Segovia, secretaria de la Lucha contra las Adicciones de Buenos Aires, opinó ayer que el consumo de drogas -ya sea marihuana o alcohol- afecta directamente a la salud pública, porque las consecuencias de ese consumo no sólo provocan efectos en el enfermo, sino también en su relación con terceros. A su vez, Segovia indicó que la instancia judicial debe ser una oportunidad para derivar a los enfermos a los centros de rehabilitación específicos, ya que «este tipo de evasiones no siempre están destinadas al fracaso».
Los dichos de la funcionaria del gobierno de Felipe Solá apuntan al fallo de la Justicia Federal -el cual confirmó la decisión del juez Norberto Oyarbide- que indicó: «No se advierten logros desde la perspectiva de la imposición coactiva de un tratamiento, menos aún cuando éste viene de la mano o es consecuencia de un proceso de criminalización».
Por su parte, desde otros Ejecutivos de provincia no se alzó la voz ayer, pero se conocen posturas menos flexibles en lo que respecta al consumo y tenencia de drogas. Por caso, el gobierno cordobés de José Manuel de la Sota elude sistemáticamente pronunciarse en forma expresa sobre la conveniencia o no de una eventual despenalización. Interpretan aquí que la cuestión puede abrir la polémica en ámbitos como el bonaerense, pero evalúa que el debate no encontraría eco en la sociedad cordobesa, netamente conservadora.