30 de enero 2008 - 00:00
Confirman que habrá reforma
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«Se aplicarán una serie de reformas en la Justicia de la provincia de Buenos Aires y para cumplir ese objetivo presentaremos las iniciativas necesarias en las sesiones extraordinarias de la Legislatura», dijo Scioli en el distrito de Malvinas Argentinas hacia donde trasladó ayer la reunión con sus ministros.
Explicó que se buscará el «apropiado consenso» para que el Poder Judicial disponga de «las nuevas herramientas que fortalecerán su accionar».
El gobernador aseguró que estas iniciativas «permitirán agilizar los procesos» y mencionó, entre las modificaciones a introducir, «la extensión a toda la provincia de la Ley de Flagrancia, las que alcanzarán al funcionamiento de Casación y la del Código Procesal Penal».
Las reformas, que fijarán plazos para dictar sentencias, instrumentarán juicios rápidos y habilitarán tribunales para descongestionar la tarea de Casación, comenzarían a ser tratadas en la Legislatura provincial a partir del próximo mes en sesiones extraordinarias.
El sistema de Flagrancia, en el que las personas detenidas en el momento en el que cometen delitos cuyas penas previstas son menores a 15 años, permite que en sólo 60 días se llegue a una sentencia.
Este modelo ya funcionó con éxito durante el plan piloto en el Departamento judicial Mar del Plata, por lo que se extendió a otros 11 distritos y ahora funcionará en la totalidad de la provincia. Las modificaciones incluyen también derivar unos 7.000 expedientes que están atrasados en el Tribunal de Casación a las 36 Cámaras de Apelaciones y Garantías para que las resuelvan y de esta manera solucionar la mora judicial a fines de 2008.
Cuando quede descomprimida, Casación se dedicará exclusivamente al área criminal para resolver sólo apelaciones a sentencias de juicios orales y las cámaras de los 14 departamentos judiciales tratarán cuestiones correccionales, las excarcelaciones y otros recursos.
En el marco de la reforma del Código Procesal Penal, el gobierno bonaerense apunta a que las investigaciones por delitos graves, como los homicidios, no demanden más de dos años, de manera que en 30 meses de iniciado el expediente se dicte sentencia.




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