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El nudo del conflicto radica en que el intendente capitalino quiere licitar su propia obra y se opone, por lo tanto, a que lo haga la provincia, al considerar que el Estado provincial le invade su jurisdicción.
La obra, que prevé una inversión inicial superior a los $ 35 millones, fue licitada la semana pasada.
Según fuentes locales, el proceso es encarado por la provincia porque -aseguran- Nación la financia bajo esa condición, con el fin de centralizar el proceso de los 18 departamentos.
Ahora todas las miradas se dirigen al Poder Judicial, ya que si finalmente hace lugar al recurso de amparo, la provincia deberá paralizar todo el proceso licitatorio.
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