Critican el impacto de "leyes Blumberg"

En un informe ante los integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, el funcionario explicó detalladamente la manera en la que se desarrolló la sangrienta revuelta que terminó con 13 reclusos asesinados.Tras su exposición, Rosúa embistió contra las leyes que fueron sancionadas por gestión de Juan Carlos Blumberg a partir de su aparición pública tras el secuestro y asesinato de su hijo Axel. «Las leyes Blumberg perjudican e impactan negativamente en el Servicio Penitenciario santafesino. Las acciones de los legisladores nacionales, que modificaron el Código Penal y la Ejecución Penal, impactaron de manera negativa, fundamentalmente al restringirse las libertades condicionales y los períodos de prueba», expresó Rosúa.
 Malestar
Rosúa dijo que esas modificaciones causaron malestar en el ámbito carcelario «sobre todo en los internos con mayores penas, con cadena perpetua, pero que tienen una excelente conducta». «Esto generó el proyecto que le presentaron a los Diputados, de tratar de avanzar en las recompensas, y con algún estímulo para transcurrir la pena de una manera que haya una luz al final del túnel», agregó Rosúa.
En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe, el socialista Raúl Lamberto, reveló ayer que ese cuerpo había advertido al Ministerio de Gobierno provincial que «podía terminar mal la difícil situación que se estaba viviendo» en el penal de Coronda. «Los reclusos entregaron a la Comisión una nota que se hizo llegar a las autoridades provinciales y nacionales donde se hace conocer la inquietud por lo que se estaba viviendo», agregó Lamberto. En esa nota, fechada el 25 de febrero, los internos vaticinaron: «Se torna previsible un colapso de magnitud que nadie en su sano juicio desea».
Mientras que durante la interpelación a Rosúa, varios legisladores lo interrogaron sobre las requisas y el presunto ingreso de drogas al penal a través de las visitas de familiares de los domingos. En la reunión, de la que tomaron parte funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, se mencionó la presunción de algunos sectores acerca de que la masacre de presos rosarinos a manos de sus pares santafesinos no sólo se trató de una rivalidad geográfica.
Rosúa dejó claro que la hipótesis sigue siendo la misma, pero recordó que hay una investigación judicial en curso donde se derivarán todas las pruebas y líneas investigativas que vayan surgiendo.
La posibilidad de que sectores del Servicio Penitenciario que no están de acuerdo con la gestión «dialoguista» de Rosúa hayan «colaborado» en la masacre es una sospecha que se afirma con el paso de las horas en la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). Además, se menciona en ámbitos judiciales la hipótesis de que la matanza también haya estado relacionada con «negocios» dentro de la cárcel, como el control de las drogas, teléfonos y hasta artículos de limpieza y comestibles.