La cúpula de la UCR nacional desembarcará el viernes y el sábado próximos en Río Gallegos para mantener una cumbre partidaria regional, en medio del hervidero político desatado por la decisión de la Corte Suprema de demandar al gobernador Daniel Peralta por no haber repuesto aún en su cargo al ex procurador Eduardo Sosa.
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El encuentro -el primero de cuatro en todo el país para avanzar en el diseño de plataformas- había sido diseñado antes de que estallara la polémica. Pero ahora sumará a la agenda inicial (la crisis energética, entre otros puntos) el debate en torno a la resolución del máximo tribunal nacional, que también sugirió la intervención del Congreso para instrumentar el fallo.
La foto radical en Río Gallegos, en la práctica, se anticipará al megaacto del 8 de octubre en la capital santacruceña que sueña Néstor Kirchner -con la presencia de gobernadores justicialistas, que ya fueron invitados- para respaldar a Peralta y a la «institucionalidad» de la provincia frente a la embestida de la Corte y de los dirigentes de la oposición, en pos de una intervención -con matices, según el caso- del distrito.
Ayer Peralta denunció que «el modelo nacional está siendo atacado, primero en la figura de este gobernador y, en segundo término en el proyecto de Cristina de Kirchner». «No es adrede que la Corte le dé a este gobernador una tarea y una misión imposibles de cumplir», disparó.
En paralelo, la reacción opositora en pos de capitalizar la puja en la tierra natal de Kirchner tendrá otro capítulo hoy, en el marco de la reunión de diputados de los bloques opositores para intentar consensuar una propuesta común sobre el caso. Ello, tras la negativa de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a impulsar la intervención de Santa Cruz por considerar que la medida puede ser «funcional» al kirchnerismo nacional. En la vereda provincial, la Legislatura -eclipsada por el kirchnerismo- se apresta a impulsar mañana el rechazo al fallo de la Corte Suprema y a los proyectos de ley que alientan la intervención federal.
Por de pronto, asistirán a la reunión radical en Río Gallegos autoridades nacionales -como el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, y el secretario general, Jesús Rodríguez- y referentes regionales, como los santacruceños Alfredo Martínez y Eduardo Costa; el rionegrino Pablo Verani y el neuquino Martín Farizano.
«Si caemos en que la sentencia es impracticable y se le da la razón al Gobierno, no hay motivo para que los opositores nos rasguemos las vestiduras diciendo que este Gobierno atropella», aseguró ayer Sanz. Además, recordó que la fuerza presentó un proyecto de ley que impulsa una intervención acotada exclusivamente al objetivo de reponer en el cargo a Sosa, desplazado en 1995 por el entonces gobernador Kirchner por haberse convertido en un incómodo contralor del oficialismo local.
Por su parte, la diputada por la Coalición Cívica Patricia Bullrich ratificó la posición de su partido. «El Ministerio del Interior, la Procuración y la provincia la manejan el kirchnerismo, y un proyecto de intervención puede generar problemas; no tendríamos control de nada y no se lograría una solución», advirtió.
Previamente, Carrió se había despegado de los distintos pedidos de intervención presentados por la UCR, el Peronismo Federal, el PRO y el GEN.
Mientras tanto, Sosa salió ayer a sostener que es «sencillo» cumplir con el fallo del máximo tribunal «si hubiese un mínimo de voluntad» del gobernador «de cumplir con la ley y el Estado de derecho». En cambio, el ministro de Gobierno de Santa Cruz, Carlos Barreto, aseguró que en la provincia funcionan los «tres poderes» y que no corresponde una intervención, al tiempo que apuntó contra el ex procurador porque -dijo- es «asesor de la oposición».
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