Funda, además, la recuperación en la lesión al interés general por la deficiente prestación del servicio concedido, «que afecta gravemente los intereses de las regiones (NOA y NEA) atendidas por el concesionario», explicaron los legisladores. Y finalmente, consigna que «el Poder Ejecutivo Nacional tomará a su cargo la prestación del servicio rescatado y confeccionará un programa de inversiones que permita la reactivación del servicio. En caso de concesionarse el mismo, será por licitación pública, con la participación de las provincias interesadas y el Congreso Nacional».La actual concesión del ferrocarril de cargas fue aprobada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto 1037 el 20 de setiembre de 1999, y sus especificaciones obran en el contrato de concesión del 3 de setiembre de ese año, suscripto entre el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la empresa Belgrano Cargas SA que, a la sazón, se hallaba en formación.
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