5 de septiembre 2008 - 00:00
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Según fuentes oficiales, la irregularidad les representaba hasta el momento a las arcas locales el pago de cerca de 2 millones de pesos mensuales.
«Los casos fueron detectados tras comparar los datos plasmados en las declaraciones juradas que hicieron los directores de cada establecimiento, donde no mencionaron a estos docentes, con los datos que recogimos mediante técnicos del ministerio y que fuimos volcando en el software», aseguró la titular de la cartera de Educación correntina, Virginia Almará.
La situación quedó al descubierto tras la fusión del Consejo General de Educación con ese ministerio y la puesta en marcha del Programa de Reforma Administrativa de los Sistemas Educativos Provinciales.



