Debutan en Santiago comicios para reformar Constitución

Mientras otros distritos -como el entrerriano y el santafesino- aún retrasan el engranaje reformista, Santiago del Estero será, como acostumbra últimamente, el tubo de ensayo de este tipo de compulsa en la que se determina la organización fundamental de una provincia. El próximo domingo dos frentes -uno de ellos integrado por un histórico acuerdo entre la UCR y el PJ- y otros tres partidos participarán de las elecciones a constituyentes. La idea es democratizar la provincia, limitar reelecciones de diputados y ediles (quieren dejarlas en una como sucede con el gobernador y los intendentes), imponer las figuras de revocatoria de mandato, plebiscito y referendo.
El Frente de Unidad Santiagueña, liderado por el gobernador Gerardo Zamora (UCR), conformó una lista con el PJ, que tiene como principal referente a su interventor, el diputado nacional Jorge Argüello, y el Movimiento Viable, presidido por el intendente de La Banda, Héctor Ruiz.
 Cabezas de lista
La lista será encabezada por el actual ministro de la Producción, Luis Gelid, y la integran, entre otros, el ministro de Justicia, Ricardo Daives, y la secretaria general de la gobernación, Matilde O’ill.
El triunfo del Frente de Unidad Santiagueña quedó prácticamente asegurado con la deserción de Cruzada Santiagueña, liderado por el ex cinco veces gobernador Carlos Juárez, y que tenía previsto ir por fuera de la estructura del PJ, liderado por Francisco Cavallotti, abogado de los Juárez. Esta decisión la tomaron enojados con el interventor del partido por unirse a la UCR.
Por su parte, el Frente Multisectorial agrupa a Memoria y Participación, movimiento dirigido por el ex cura párroco y defensor del pueblo, Enrique Hisse, y los partidos Comunista, Socialista y Democracia Cristiana. Esta lista de candidatos estará encabezada por el ex preso político y dirigente de la APDH, Luis Garay, y la sindicalista docente Nora Loto.
El Movimiento Socialista de los Trabajadores presentó una lista que lleva como candidatos al líder piquetero y docente Mario Castillo y a
la asesora legal del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero (MOCASE), Leticia Bravo.
Completan la oferta de candidatos, el Partido Obrero liderado por los trabajadores estatales Nicolás Basualdo y Norma Morales y el MID, que propone a José Luis Mendoza y Silvia Domenech.
 Sesiones
La convención comenzará a sesionar una semana después de la elección.
Otros distritos votarán convencionales el 23 de octubre junto a las elecciones nacionales.
NEUQUEN: se eligen 35 convencionales. Y se espera la compulsa más caldeada de los últimos tiempos en la provincia ya que la oposición a Jorge Sobisch (MPN) se abroqueló detrás de la figura de Néstor Kirchner y cuenta con la caja nacional.
Esto motivó que el propio Sobisch decidiera presentarse como primer candidato a convencional, seguido del senador Pedro Salvatori. Además irá la mayoría de los intendentes del MPN.
En tanto, al jugar con munición gruesa el oficialismo local, la oposición se encuentra en proceso de reacomodar candidatos. En un primer momento, el Frente Cívico para la Victoria (alianza entre UCR y el kirchnerismo del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli) iba a llevar como primer candidato al intendente de Cutral Có, Eduardo Benítez. Ahora piensan en el propio intendente radical de Neuquén, Horacio Quiroga.
La elección se espera que esté polarizada. Como tercera fuerza se perfila la izquierda del Frente Amplio.
Ahora existe la reelección, y la convención tiene la intención de que no haya más.
TUCUMAN: el gobierno de José Alperovich decidió que los ministros y funcionarios no podrán ser candidatos a convencionales constituyentes para competir en las elecciones del 23 de octubre.
En tanto, desde la oposición, la mesa coordinadora del Frente Cívico y Social
-que integran el radicalismo y el cavallista Acción por la República- dispuso que los legisladores de la UCR (que suman cuatro) no podrán ser candidatos a convencionales por «razones éticas».
Hace 20 días, por decreto, Alperovich llamó a elección de 40 convencionales.
La reforma es una vieja pretensión del justicialismo, ya que no participó de la Convención Constituyente de 1990, que sólo contó con representantes del bussismo, un radical (Carlos Muiño) y un ex de la UCeDé (hoy está en Fuerza Republicana), Pablo Calvetti. A instancias del entonces gobernador Antonio Bussi, la Carta Magna no admite la reelección de las autoridades provinciales.
Alperovich se manifestó a favor de que se habilite la reelección, pero aclaró que «para conjurar a quienes puedan pretender perpetuarse en el poder» conviene incorporar la revocatoria de mandato.
La futura Carta Magna, según el titular del Ejecutivo, también deberá prohibir que el Estado sea endeudado ilimitadamente además de garantizar diez años de escolaridad a todos los niños, así como el establecimiento de un sistema que garantice que sean seleccionados los jueces más idóneos.
 Críticas
Los peronistas siempre criticaron que la Constitución no se haya adaptado a la nacional de 1994, que autorice la creación de institutos como el Tribunal de Cuentas -nunca fue puesto en funcionamiento- o que tenga una cláusula (confesional) que obliga al gobernador a que jure por los Evangelios al asumir el cargo. Alperovich, quien profesa el judaísmo, para acceder a la gobernación debió lograr que la Cámara en lo Contencioso Administrativo declare la inconstitucionalidad de la cláusula confesional de la Constitución, ya que se consideraba que la disposición de jurar por los Evangelios, en los hechos, excluía la posibilidad de que los no cristianos llegaran a la gobernación.
El antecesor de Alperovich, Julio Miranda (1995-1999), también había logrado que la Legislatura autorice la reforma, pero nunca pudo concretarla por la sospecha -se tradujo en una investigación judicial- de que había pagado dos millones de pesos en coimas para que los parlamentarios habilitaran la posibilidad de la enmienda.
ENTRE RIOS: se habló de llamar a consulta popular el 23 de octubre para ver si la ciudadanía quería reformar la Constitución. La Legislatura aprobó una ley para implementar la figura de la consulta popular a tal fin pero aún Jorge Busti no convocó. De concretarse la consulta sería obligatoria para la gente pero no vinculante para los legisladores.