Demora de Nación para refinanciar deudas inquieta a gobernadores

Más allá de los alineamientos políticos y la diplomacia que dicta cada coyuntura, es generalizada la preocupación de los gobernadores ante la falta de anuncios de Cristina de Kirchner en materia de refinanciación de deuda.

Al ritmo de la pelea en el Congreso por el reparto del impuesto al cheque y el pago de deuda con reservas, crece la preocupación de los gobernadores -y su infructuoso desfile por los despachos nacionales- por la notable demora de la Casa Rosada a la hora de sellar los convenios de refinanciación de deuda, que este año debían asistir al interior con cerca de $ 15 mil millones para afrontar los vencimientos.

La dilación deriva en millonarios descuentos de coparticipación que impactan de lleno en las arcas provinciales y obligan a reprogramar partidas, con riesgoso rebote en la prestación de servicios mínimos.

La estrategia de Balcarce 50 es clara: apunta a advertir con hechos concretos a la oposición que, ante cualquier cambio inesperado en el manejo de la caja nacional, las más perjudicadas serán las provincias.

Conscientes de ese torniquete, los mandatarios alineados con el kirchnerismo rechazaron de manera pública la embestida en torno al cheque, y bregaron por una discusión más amplia -y menos hiriente para las cuentas nacionales- del reparto de recursos coparticipables.

No obstante, hay excepciones: la sequía de recursos convirtió en un oasis a La Pampa, ya que el justicialista Oscar Jorge logró cosechar en las últimas horas un plan de pagos -a saldar este año en cuotas mensuales- de la deuda de $ 603 millones por ítems varios que el Estado federal mantiene con el distrito.

El contraste es fuerte: mientras hace semanas que los funcionarios de las provincias se topan en Buenos Aires con la frase menos deseada cuando batallan alguna novedad en torno a la firma del Programa de Asistencia Financiera (PAF) -«falta la decisión política», les aseguran-, el mandatario pampeano logró ser recibido por, entre otros, los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de Planificación Federal, Julio De Vido.

La llave fue, sin embargo, el senador nacional justicialista Carlos Verna (La Pampa) y su estratégico aval al dictamen del proyecto destinado a transformar en ley el polémico decreto de Cristina de Kirchner que apunta al pago de deuda con reservas del Banco Central.

«Quiero destacar la intervención fundamental del senador Verna que posibilitó disparar estas reuniones», agradeció Jorge, sin medias tintas, el martes a la noche.

Distinto es, en cambio, el panorama en el resto de las provincias. Año a año, Nación y cada gobernador sellan de manera bilateral los PAF, destinados a asistir financieramente a las provincias para el pago de los vencimientos de una deuda provincial global que hoy supera los $ 100.000 millones, y que tiene a Nación como principal acreedor.

Tradicionalmente, estos acuerdos comienzan a rubricarse en febrero. Sin embargo, en esta oportunidad alumbró ya mayo sin novedades, a partir de la posibilidad de que la oposición avale en el Congreso Nacional el proyecto de ley que apunta a incrementar la coparticipación al interior del impuesto al cheque, lo que le significaría a Nación perder cerca de $ 10 mil millones. Un monto similar, precisamente, al que necesita el Palacio de Hacienda para reactivar los PAF.

En este marco, en los últimos días fue incesante el desfile de gobernadores por los despachos nacionales, en un intento de destrabar el incómodo escenario.

El lote más reciente incluyó, por caso, a dos patagónicos -el radical Miguel Saiz (Río Negro) y el hombre del Movimiento Popular Neuquino Jorge Sapag (Neuquén)- y al correntino radical Ricardo Colombi.

Saiz pretende lograr un desembolso de $ 480 millones, y Sapag -en medio de un grave conflicto salarial con los docentes- batalla como mínimo otros $ 400 millones. Mientras tanto, en Córdoba, y como caso testigo, el Gobierno del justicialista Juan Schiaretti lamenta ya descuentos de coparticipación este año por cerca de $ 500 millones.