6 de febrero 2008 - 00:00
Envían hoy reforma penal a Legislatura
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El gobernador se reunió ayer con representantes de los bloques legislativos para avanzar con las iniciativas vinculadas a la reforma judicial. Lo acompañaron el vice Alberto Balestrini y el ministro de Justicia, Ricardo Casal.
La generalización del sistema de flagrancia y la reducción de facultades del Tribunal de Casación quedarían aprobadas antes de fin de mes, durante las sesiones extraordinarias de ambas cámaras, según la expectativa del sciolismo. El siguiente paso será la reforma general del Código Procesal Penal, que demoraría hasta fines de marzo.
Del encuentro realizado ayer en La Plata participaron los presidentes del Senado y Diputados, Alberto Balestrini y Horacio González, respectivamente; el ministro de Justicia, Ricardo Casal; el subsecretario Legal, Técnico y de Asuntos Legislativos de la Gobernación, Mariano Cervellini, y los presidentes de los bloques de ambas cámaras, Raúl Pérez y Federico Scarabino. La reforma «es muy simple y no requiere demasiada discusión jurídica», postuló Casal, y consideró que «si hay alguna observación, la vamos a conversar». Según el ministro, la Justicia provincial estará normalizada «antes de fin de año».
Como parte de la reforma, también será girado a la Legislatura el proyecto que propone la extensión a todo el territorio bonaerense el denominado proceso de juzgamiento por flagrancia. Dicha modalidad ya está operativa en 11 departamentos judiciales, con muy buenos resultados, especialmente en Mar del Plata.
El mecanismo consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia que prevé un plazo máximo de 60 días para delitos cuya pena máxima prevista no supere los 15 años de prisión. Establece que al detenido en flagrancia -en el momento de la persecución y captura- se lo lleva ante el fiscal, quien le hace conocer la acusación.
En un plazo máximo de 5 días de la detención de la persona se realiza la primera audiencia en la que el juez puede resolver la excarcelación, sobreseimiento, decidir la prisión preventiva, o las partes acordar suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado.
De no haber acuerdo entre las partes, o de no haber dictado sobreseimiento, el juez resuelve si mantiene detenida a la persona y convoca a una segunda audiencia de finalización del proceso en flagrancia dentro de los 20 días siguientes. En esta segunda audiencia las partes tienen nuevamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. De no ocurrir esto la causa se eleva a juicio, que deberá realizarse dentro de los 60 días.




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