4 de noviembre 2008 - 00:00

Gobernadores aplican plan contra desempleo

A partir del anuncio del gobierno nacional de frenar los despidos por efecto de la crisis financiera internacional, funcionarios provinciales también salieron a advertir medidas contra las resoluciones privadas que afecten el nivel de empleo en este contexto de debacle.
La semana pasada, el ministro de Trabajo nacional, Carlos Tomada, aseguró desde Santa Fe que existe «un escenario de estabilidad y de normalidad» en el ámbito laboral, aunque aclaró que hay que «estar atentos frente a acciones que puedan afectar el nivel de empleo». Con ese diagnóstico, el funcionario de Cristina de Kirchner intentó tranquilizar a sus pares de Trabajo del interior, con quienes compartió la 55ª Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo. Allí se suscribió con los representantes de las provincias un documento en el que se acuerda «coordinar acciones conjuntas» para «disminuir el impacto que se pudiera producir en los niveles de empleo».
En este escenario, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Carlos Rodríguez, sostuvo que «nadie puede dimensionar hoy la profundidad de la crisis. El caso de General Motors es un ejemplo y los demás despidos son un número pequeño de trabajadores. De todas formas, todos los despidos están congelados o por mecanismos preventivos de crisis o por conciliación obligatoria».
Además, Rodríguez manifestó que «respecto a los rumores de despidos en algunos comercios, esta tarde (por ayer) estamos citando a la Cámara de Comercio y a las grandes expendedoras de electrodomésticos para ver cuál es la realidad del rubro. No hay ninguna duda de que la crisis existe y es seria, pero vamos a utilizar todas las herramientas legales disponibles para tratar de mantener los niveles de empleo».
En Chaco, el gobierno provincial comenzará a notificar a las empresas radicadas en la provincia sobre la vigencia de normas legales que obligan a conciliar eventuales despidos de personal basados en crisis financieras o económicas, en un primer paso dirigido a frenar una posible ola de cesantías disparada por la crisis internacional.
 Ultima instancia
El subsecretario de Trabajo chaqueño, Enrique Paredes, confirmó que se tienden a «minimizar los efectos negativos de la crisis internacional» y lograr que «los empresarios tomen el despido de empleados o el cierre de las fuentes de trabajo como una última instancia, a la que se llegue solamente después de agotar todas las demás alternativas».
En tanto, el gobierno de Celso Jaque admitió ayer que comenzaron los despidos en Mendoza con el «pretexto de la crisis internacional» y anunció un plan para apoyar con dinero a las empresas que demuestren que están afectadas por el crac.
El anuncio fue realizado ayer, luego de la reunión de gabinete de los lunes, en la voz del ministro de Gobierno, Mario Adaro.
También se definió que el problema de la inseguridad, que fue el «número uno en la agenda de gobierno», quedará en segundo plano, precedido por el tema de los despidos.
Adaro, quien hasta el mes pasado fue subsecretario de Trabajo y antes fue abogado del Centro Empleados de Comercio, anunció que el plan consiste en llamar, como primer paso, a las empresas que han despedido gente y a los trabajadores, a conciliación obligatoria. Con esta acción se busca retrotraer la situación a antes del conflicto.
El Ejecutivo considera que las empresas que despidan personal deberán demostrar que realmente están en crisis y, sólo entonces, el gobierno las ayudará económicamente.
«Durante esta semana convocaremos a las entidades empresarias y a las sindicales para ver qué acciones de gobierno y qué compromiso pueden asumir el sector productivo y el sector sindical como prioridad en la conservación de los puestos de trabajo», dijo. Agregó que el gobierno tiene registradas 7 empresas que echaron empleados.

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