Grave crisis de Lanusse se dirime ya en la Justicia

En este marco, enfrenta ahora Lanusse una denuncia en la Justicia provincial por presunta «discriminación ideológica» elevada por dos de los tres funcionarios que fueron despedidos el martes -acusados de no acatar la orden de mantenerse prescindentes del proceso electoral del 20 febrero próximo- que, a su vez, ayer fueron acusados por presunta «extorsión y coacción agravada».
El negro panorama se completa con los incesantes cruces por el armado de las listas del PJ de cara a esos comicios, una puja que enfrenta cada vez en peores términos a los Fernández, con transversales del lado de Alberto -apostando a una alianza con radicales- y peronistas más «puros» en las filas de Aníbal.
 Reemplazos
Mientras tanto, también es fuente de complicación la designación de los reemplazantes de los funcionarios echados -Guido Lorenzino, subsecretario de Gobierno; Carlos Uslenghi, asesor; y Carlos Gianella, director de Municipalidades- que respondían a Gurzi y a Aníbal Fernández. Este último ayer «se hizo cargo» del vínculo, pero intentó poner paños fríos al conflicto, asegurando «dejarle las manos libres (a Lanusse) para que ponga a otra gente que trabaje de la misma manera y colabore con la intervención».
Pese a los rumores de que el jefe de Gabinete, Pablo Fontdevilla, podría acaparar la cartera de Gurzi -interinamente en manos del ministro de Economía, José Luis D’polito-, hasta ayer aún no se sabía cómo ni cuándo se completarán los reemplazos en el Ejecutivo santiagueño. La decisión pasará por el tamiz del presidente Néstor Kirchner y los Fernández. En este tenso clima circulaba además la versión de una supuesta renuncia del Ministro de Salud, Donato Spaccavento, médico de los Kirchner y director del Hospital Argerich.
En la tarde de ayer, en conferencia de prensa, Lorenzino y Gianella hicieron su descargo, negando haber exigido fondos de coparticipación y obras públicas a comisionados municipales, para financiar la campaña política del precandidato del PJ Osvaldo Ríos Oliveiro, tal como los mismos comisionados habían denunciado ante el titular de la Oficina Anticorrupción, Hernán Sosa, disparando una investigación y los despidos.
A su vez, denunciaron en la Justicia a Lanusse por utilizar «una normativa basada en tipos penales en blanco, que le permite remover a todos aquellos funcionarios que no comparten su ideología, situación que constituye una clara persecución ideológica». En tanto que agregaron: «Si a ello sumamos las acusaciones genéricas calumniosas, solamente obtendremos la más flagrante violación de los derechos individuales que ha sufrido la provincia desde la llegada del interventor».
Los denunciantes desarrollan, además, la hipótesis de que en el conflicto que los implica tiene vital importancia la participación del intendente de Selva, Enrique Bertolino, quien -dicen- habría instigado las denuncias de los comisionados para perjudicar a Ríos Oliveiro (precandidato a gobernador por el PJ, que se autoatribuye apoyo de Kirchner) motivado por el enfrentamiento que mantienen ambos en la actualidad, a pesar de haber compartido la fórmula «oficial» para la gobernación en 1995 durante la intervención de Juan Schiaretti, en elecciones que finalmente ganó el caudillo Carlos Juárez.
Por su parte, el juez provincial Oscar Zanni hizo lugar ayer al pedido del fiscal santiagueño Gonzalo Rietti para que se impute por los presuntos delitos de «extorsión y coacción agravada» a los tres ex funcionarios removidos por Lanusse y a Ríos Oliveiro. La acusación también recayó sobre Gustavo «Chinga» Gauna y Julio Abdala, operadores políticos de Ríos Oliveiro.
Asimismo, ayer también fueron citados por la Justicia unos cuarenta comisionados municipales santiagueños, para que ratifiquen la denuncia radicada en la Oficina Anticorrupción contra los funcionarios alineados con Gurzi.