18 de octubre 2004 - 00:00
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La última excursión de Lanusse a Buenos Aires, el viernes pasado, sirvió para que afianzara aun más su vínculo con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, uno de los pocos que aún pregona la aplicación del modelo «catamarqueño» en la provincia, en favor del armado de una alianza con la UCR, por fuera del PJ, para encarar las elecciones a gobernador del 20 de febrero próximo. Juntos, analizaron el complicado panorama santiagueño, luego de que tres funcionarios de la intervención fueran relevados de su cargo, acusados de una supuesta «extorsión» a comisionados municipales para apoyar la precandidatura a la gobernación de Osvaldo Ríos Olivero.
En la vereda de enfrente, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, estudia cada vez con más distancia a Lanusse. El titular de la cartera política «hubiese querido una salida menos traumática», reconocieron en Interior, donde lamentan los desplazamientos de hombres cercanos a este ministerio, así como la posterior renuncia del ministro de Gobierno Daniel Gurzi.
A su vez, removiendo aun más el convulsionado panorama político, el viernes pasado, los tres desplazados -el ex subsecretario de Gobierno, Guido Lorenzino Maza; el ex director de Municipalidades, Carlos Gianella; y el ex asesor Ricardo Uslenghi- se presentaron en la Justicia Federal para que se investigue lo que consideran «una causa armada», con respecto a la presunta extorsión a comisionados municipales. Piden que «se investiguen los procedimientos que realizó Gendarmería Nacional, un sábado a la madrugada, sacando a los comisionados de sus casas para presentar una denuncia en la Oficina Anticorrupción», según señaló Gianella.
Finalmente, otro contratiempo para Lanusse se nutre de la oposición que manifestó la UCR a la implementación del sistema de voto electrónico para las elecciones de febrero. «Atenta contra la participación ciudadana en la emisión del sufragio», afirmó en una carta enviada al Ejecutivo, Gerardo Zamora, presidente del Comité Provincial, intendente capitalino y uno de los precandidatos a la gobernación, que también cuestionó la «falta de transparencia en la adquisición del software que se utilizará para la implementación del voto electrónico».




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