Investigan al piquetero preso

Buenos Aires - Instalado en las sierras de Tandil y con el ojo puesto en la marcha de la temporada estival en la costa atlántica, el gobernador Daniel Scioli sigue con atención la marcha de la investigación judicial sobre el grupo piquetero que tomó violentamente el Ministerio de Desarrollo Social a fines del año pasado.
La agenda de Scioli incluye esta semana encuentros con intendentes, legisladores y visitas a Mar del Plata y Pinamar. En Tandil, hoy recibirá a los ministros de Salud, Claudio Zin, y de Economía, Rafael Perlemiter, y el miércoles será anfitrión de un grupo de jefes de comunales en Tandil.
El despliegue de ejecutividad no cancela el interés por el avance de la causa judicial abierta contra los integrantes del Movimiento Popular 29 de Mayo (MP29) que atacaron el Ministerio bonaerense el 17 de diciembre. El juez federal de Quilmes Luis Armella sigue ahondando en la investigación y, mientras busca más armas en posesión de este grupo violento -ya fue hallado un nutrido arsenal de guerra en su haber-, se encuentra a punto de ordenar un allanamiento en el domicilio de Rogelio Iparraguirre, el asesor del secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que tiene nexo con Daniel Rodríguez, piquetero que lidera el MP29 y se encuentra detenido.
De todos modos, desde el Ejecutivo bonaerense insistieron ayer en que quieren «que la Justicia investigue» y «descartan» que se trate de una toma por encargo. En rigor, Scioli esquiva la posibilidad de un enfrentamiento con Nación, luego del surgimiento de la hipótesis de un supuesto complot en su contra gestado desde el mismo seno de la Casa Rosada.
Aun así, el juez Armella continúa su trabajo y esta semana habría novedades al respecto, mientras el kirchnerismo guarda conveniente silencio sobre el tema.
Por su parte, la Coalición Cívica hizo saber que pedirá informes al gobierno bonaerense sobre la toma del Ministerio. El vicepresidente segundo de la Cámara baja provincial, Walter Martello, y Maricel Etchecoin, legisladores del sello opositor, indicaron que presentarán esta semana un pedido de informes para que el gobierno provincial «aclare» lo sucedido. Solicitan que el gobernador «informe sobre la forma en que ocurrieron y aporte los detalles precisos». «Debemos saber si este gobierno de Scioli ha tomado conocimiento de la denuncia periodística en la que se relaciona a dirigentes de la organización social MP29 con funcionarios del gobierno nacional», sostuvo Martello. «Eso sería un escándalo», concluyó el arista.
Una reacción que nacería en la provincia apunta a la posible cancelación de contratos de aquellos empleados que se encuentren vinculados a alguno de los 49 piqueteros que destruyeron el Ministerio de Desarrollo Social.