2 de septiembre 2010 - 21:38
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Celso Jaque
Ante este nuevo escenario, el Gobierno cuyano dijo que darán marcha atrás con la idea de llevar a juicio político al presidente de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, y a los otros dos ministros que intervinieron en los nombramientos (Jorge Nanclares y Carlos Böhm).
El conflicto se inició porque la Corte, ante una contingencia, nombró de manera provisoria a cuatro conjueces: María Páramo, que estaba en el Juzgado de Familia de Malargüe; un juez penal de menores de Tunuyán; Armando Farina, del Juzgado Correccional de Alvear, y Silvina Culós, que hasta el 31 de agosto estuvo a cargo provisoriamente del juzgado de Ejecución Penal de Almafuerte. Y desde el Gobierno aseguraron que esos nombramientos eran irregulares. «Lo importante es que de los errores se puede aprender. Y que no se pueden hacer nombramientos de jueces sin aval del Senado, el Consejo de la Magistratura o el Poder Ejecutivo», señaló el presidente de la Cámara de Diputados local, Jorge Tanus, quien prometió trabajar para sancionar una ley de «designación de emergencia» de los conjueces cuando se presenten contingencias.



