Justicia ordenó a Gendarmería que desaloje piquetes docentes

Los cortes de accesos a yacimientos en la localidad de Las Heras mantienen frenada la producción petrolera en la zona desde hace cerca de 50 días.

Santa Cruz - La Justicia santacruceña ordenó a Gendarmería Nacional que, previa intimación de rigor, desaloje a los docentes que despliegan bloqueos en rutas y accesos a yacimientos de petróleo de la localidad de Las Heras, en el norte provincial, que mantienen paralizada la producción en la zona desde hace cerca de 50 días.

La resolución pertenece al juez Eduardo Quelín, quien dio un plazo de siete días corridos -a partir del 23 de mayo- al comandante del destacamento móvil No 4 de General Acha de Gendarmería Nacional para acatar la orden.

Ayer el titular de la Asociación Docentes de Santa Cruz (Adosac), Pedro Muñoz, advirtió que «los cinco piquetes que los compañeros mantienen continúan muy fuertes y no piensan dejarlos». Hoy los dirigentes amplificarán sus reclamos en Buenos Aires, con un desembarco en el Congreso nacional para dar una conferencia de prensa.

La decisión judicial aporta una dosis adicional de tensión al convulsionado escenario, marcado por una irracional huelga de los maestros que hoy cumple 44 días (35 consecutivos). El pasado viernes, una virtual pueblada había impedido el paso de dos micros con gendarmes en la localidad de Pico Truncado.

Ayer, los maestros se movilizaron en Río Gallegos y desplegaron un «cabildo abierto» en esa ciudad para reclamar el retorno de las negociaciones con el Gobierno del justicialista Daniel Peralta, caídas desde que incumplieron la obligación de acatar la conciliación obligatoria.

Por su parte, en su homilía por el 25 de Mayo, el obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Juan Carlos Romanín, enfatizó que «la justicia social busca el justo salario, la humanización de los lugares de trabajo, la posibilidad de tener voz en el plano político y económico y la pronta resolución de los hechos que nos han lastimado como sociedad», sostuvo el obispo.

Por de pronto, la cédula judicial de rigor fue emitida el pasado 23 de mayo, mientras la notificación tuvo lugar el 24 de mayo.

Ahí se sostiene que «un indeterminado grupo de personas adheridas en torno al gremio ADOSAC no habrían acatado disposiciones judiciales que los intimaran a desalojar las rutas provinciales No 16 tramo LH-Holdrich, tramo LH Los Perales y No 43 en el acceso a la planta deshidratadora LH3, siendo que continuarían llevando a cabo una medida de fuerza impidiendo de esa manera la libre circulación de los empleados y vehículos de empresas petroleras y afines».

Frente a ese escenario, Quelín pide a Gendarmería que «procedan a intimarles a desocupar los puntos de obstrucción de las mencionadas rutas así como el desmantelamiento y la remoción de refugios y objetos que impidan la circulación sobre dichas vías, propiciando con ello la paz social, bajo apercibimiento de ser desalojados con la fuerza pública necesaria».

La cédula determina, además, que «en caso de que los mismos hicieren caso omiso a ello» la fuerza de seguridad deberá «proceder al desalojo a través del empleo de la diligencia debida y los medios adecuados reglados por las normas procedimentales que rigen el accionar apropiado a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para la preservación de la seguridad de las personas y resguardo de los bienes».

La crisis del ciclo lectivo 2011 derivó en un fuerte malestar de la comunidad educativa, que tomó la forma de tomas de colegios en el norte provincial por parte de alumnos y de un piquete en una ruta de la localidad de Río Turbio, en el sudoeste, en reclamo de que se reanuden las negociaciones entre la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) -y la minoritaria AMET- y el Gobierno de Peralta, quien pretende lograr su reelección en los comicios del próximo 23 de octubre.

El pasado martes intervino a título de virtual mediación el juez Carlos Arenillas, quien en un intento de conciliar posiciones reunió en una misma mesa a los titulares de los dos gremios y al fiscal de Estado, Carlos Ramos. El magistrado escuchó los argumentos de las partes y hoy se expedirá al respecto.

Los docentes reclaman un aumento salarial del 50 por ciento y rechazan la oferta del 25 por ciento que dispuso la administración de Peralta.

En cambio, en las últimas horas se descomprimió la tensión con los trabajadores petroleros, ya que la toma de las plantas de Las Heras III y de Pico Truncado se levantó en la madrugada del pasado martes, luego de la firma de un acuerdo entre YPF y trabajadores de Olesur.