“La coparticipación federal y el país que merecemos”

Desde hace muchos años, en la política argentina funciona una perversa ley, no escrita, y por ello imposible de derogar: todos son fervientes partidarios del federalismo hasta que llegan al gobierno nacional. A partir de ese momento se inicia una penosa historia de estrechez de miras y mezquindad de propósitos que termina poniendo en entredicho la noción de que todos formamos parte del mismo país. Eso está ocurriendo con la coparticipación federal de impuestos, a través de las provincias que exigen una mayor equidad en el reparto de los ingresos y una administración central que los considera equitativos, pese a las evidencias en contrario. Un dato clave en este tema es que las retenciones a las exportaciones se han convertido en la fuente principal de los ingresos de la administración nacional, luego de la salida de la convertibilidad, que a su vez generó un importante cambio en la estructura tributaria. Al no ser las retenciones un impuesto coparticipable, las provincias comenzaron a recibir menos en proporción a la recaudación tributaria nacional.En forma paralela, la participación de las provincias en la recaudación del IVA y el Impuesto a las Ganancias -los dos gravámenes que más aportan a la coparticipación federal- pasó de 34% del total recaudado en promedio durante 2001 a 30% en 2002, en el caso del primero, y de 22% a 18% en el mismo período, en el del Impuesto a las Ganancias. Si se hubiese coparticipado el monto total de las retenciones a las exportaciones durante el año 2003, las provincias habrían recibido 5.357 millones de pesos por ese concepto. En realidad, detrás de los números se ha puesto en debate el país que queremos: persistir en un esquema caracterizado por la desigual distribución de los recursos y la subsistencia del anacrónico sistema de «provincias grandes» -que imponen su mayor peso específico- y de «provincias chicas», a las que se discrimina y posterga sistemáticamente en el reparto de la riqueza nacional, o integrar la Nación en un todo de acuerdo con el sistema federal de gobierno. Una muestra de ese doble rasero fue el llamado Fondo del Conurbano Bonaerense, que después de llevarse cerca de 600 millones de dólares por año, durante casi una década, no mejoró la situación de marginalidad y pobreza de vastos sectores de la provincia de Buenos Aires. En ese debate necesario -que el gobierno nacional viene eludiendo hasta el momento, pese a sus promesas iniciales- deberían incluirse algunas propuestas como la realizada por Salta, relativa al traspaso a las provincias de la posibilidad de recaudar impuestos que cobra la Nación.
A todo esto, el gobierno nacional viene utilizando los excedentes de la recaudación fiscal para financiar aumentos de sueldos a los empleados estatales de su jurisdicción. Inevitablemente, esa práctica demagógica genera en las provincias que no perciben los mismos recursos un grave conflicto con sus propios empleados, como se está viendo en estos días.
La discusión básica que subyace con la coparticipación federal, en definitiva, es qué país queremos los argentinos: uno más justo y equilibrado o el actual, caracterizado por la alternancia de bolsones de privilegio con zonas subdesarrolladas, altísimos índices de pobreza y falta de casi todos los servicios.
La persistencia de la actual distribución de los recursos significaría prolongar, en forma indefinida, la desesperanza y la falta de horizontes que hoy agravian a tantos compatriotas.