Más seguridad para frenar a ocupas en las provincias

En la localidad santafesina de Gobernador Gálvez, vecinos cortaron la Ruta 21 en reclamo de viviendas, en una postal que derivó en disturbios.

Bajo el influjo del previsible «efecto Soldati» y en un intento de desalentar nuevas tomas de tierras en sus distritos, los gobernadores -en comunicación directa con los intendentes- ya ordenaron reforzar la seguridad en predios riesgosos en materia de potenciales intrusiones, como los que albergan viviendas sociales que aún no fueron entregadas.

La estrategia -reuniones de gabinete y con los jefes policiales mediante- incluye además tareas de inteligencia en pos de detectar de manera embrionaria la gestación de movimientos destinados a copar terrenos.

Este escenario se da en medio del contagio de copamientos en reclamo de viviendas -o de piquetes con ese objetivo- que ya se percibe en el país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, pero con manifestaciones además en San Juan, Santa Fe (donde ayer hubo disturbios y una embarazada fue baleada en una pierna por un automovilista), Jujuy y Neuquén, entre otros distritos.

Por caso, en las últimas horas se respiró tensión en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, cercana a Rosario, donde desde la medianoche del martes un grupo de vecinos -en representación de cerca de 90 familias- inició piquetes en la Ruta 21 (a la altura del ingreso a la cerealera Cargill y en el puente que conecta con la autopista Rosario-Buenos Aires), en reclamo de viviendas al intendente Jorge Murabito.

La medida generó caos de tránsito y profundo malestar entre los conductores de los vehículos. Incluso una embarazada de 26 años fue herida de bala en una pierna por un automovilista que disparó contra los manifestantes, mientras un vehículo utilitario recibió un disparo en el parabrisas al atravesar el piquete y un grupo de camioneros protagonizó incidentes con los vecinos.

El corte generó extensas colas de camiones e impidió la salida de colectivos que comunican esa localidad con Rosario y con San Nicolás. A ello se sumaron, además, tres cortes de calles en Rosario por parte de activistas de la CCC en pos de viviendas.

Presionado, Murabito pidió al mandatario socialista Hermes Binner «que envíe funcionarios de la Dirección de Viviendas para negociar». Por su parte, la titular de la Dirección Provincial de Viviendas, Alicia Pino, remarcó la decisión del Gobierno de Santa Fe de «sentarse a una mesa de negociación».

En las últimas horas, Binner había admitido que podía replicarse en su provincia una postal similar a la vivida en Villa Soldati, aunque ligó esa posibilidad a las «carencias» de los planes nacionales de vivienda.

En sintonía, en Jujuy, cerca de dos mil desocupados tomaron un predio en La Esperanza para exigir viviendas, en una ocupación que fue criticada por la piquetera K Milagro Sala, quien exigió la liberación de ese terreno que había sido otorgado a su organización. Finalmente, los usurpadores habrían logrado arrancarle al Gobierno del justicialista Walter Barrionuevo una asistencia de 25 mil pesos y un terreno para 500 familias.

En este marco, en Mendoza, el ministro de Seguridad del justicialista Celso Jaque, Carlos Aranda, profundizó las medidas de seguridad en puntos incómodos, como un ramillete de lotes que ya fueron objeto de usurpaciones por parte de familias y organizaciones territoriales, además de predios estatales y privados sin adecuado cerco perimetral.

En San Juan, el ministro de Desarrollo Humano, Daniel Molina, aseguró que el Gobierno de José Luis Gioja «decidió custodiar las casas que se encuentran en construcción o que están a punto de ser entregadas por el Instituto Provincial de la Vivienda». «Se han tomado medidas para cuidar las soluciones habitacionales, y quien intente usurpar, ocupar, o dañar será resistido en su actitud por la Policía», dijo.