Como medicina preventiva ante las tomas de tierras que se suceden en distintas localidades del país, el oficialismo de Cambia Mendoza presentó en la legislatura un proyecto de ley que busca dejar sin planes sociales a quienes usurpen terrenos.
Mendoza: proyectan quitarle planes sociales a usurpadores
Buscan sancionar una ley que prohíba a quienes ocupen terrenos de acceder a beneficios y subsidios. Exintendente elaboró proyecto y dijo que también hay empresas que se extendieron de forma ilegal.
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La iniciativa fue elaborada por Jorge Difonso, del Frente Renovador, que en la provincia es parte del frente comandado por la UCR del gobernador Rodolfo Suarez. En Mendoza aclararon a este medio que no se observa una situación de tomas, al menos a gran escala. “Hubo un intento de ocupación de tierras; nada grave. La policía tiene el tema controlado”, señalaron desde despachos cercanos al de Suarez.
Sin embargo, Difonso mencionó que hay tomas activas y hubo intentos en el último mes, en Tunuyán y San Carlos (de esta última localidad fue intendente), y el fin de semana en Luján de Cuyo. “Estamos recorriendo los 800 km de vía en el interior provincial porque queremos recuperar el tren, y en muchas estaciones o espacios de vías se han registrado usurpaciones y están vigentes. Los intendentes están en alerta”, dijo Difonso a Ámbito. Y agregó que pese a “la estigmatización” que recae sobre los grupos que hacen tomas, tienen detectadas también a empresas o particulares que han extendido sus unidad productiva hacia terrenos fiscales. “Hay cuestiones inmobiliarias y de negocios; con la ley buscamos regular para todos los que usurpen”, señaló.
El proyecto de Difonso, que ingresó a la Cámara de Diputados donde esperan tratarlo mañana sobre tablas, planea borrar a quienes tomen tierras de todas asignaciones sociales de carácter provincial, ya sea “modalidades de subsidios monetarios, alimenticios o de cualquier otra índole y concepto”. Y se pide informar al Ejecutivo nacional para que también se replique la medida, y que a nivel municipal haya adhesión a la norma, en caso de ser sancionada. También busca eliminar a usurpadores de las planillas de los desarrollos del Instituto Provincial de la Vivienda.“Hay una ola de tomas y el Estado debe dar una señal clara, institucional, de que esa actitud es un delito”, mencionó Difonso.
La administración de Suarez, no obstante, mantiene la prioridad en la pandemia, ya que el aumento de la curva de contagios llevó a tensionar el sistema de salud, con una alarmante ocupación del porcentaje de camas de terapia intensiva. En ese sentido, ayer el gobernador analizaba junto a su gabinete un probable retorno a la Fase 1.
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