Nación podría incumplir ley fiscal (malestar provincial)

El informe, elaborado por la consultora Economía y Regiones, indica que el aumento del gasto primario por parte del gobierno nacional durante los primeros seis meses del año hace peligrar el cumplimiento del artículo 10 de la mencionada ley. El artículo en cuestión fija como límite para el incremento anual del gasto primario la tasa de crecimiento correspondiente al PBI nominal.El gasto público primario, aquel que realizan los Estados nacional y provinciales sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda (abarca todos los gastos estatales como salarios, gastos corrientes y obras públicas), aumentó en lo que va del año 24,1% con relación al primer semestre de 2004.
En tanto, el PBI nominal, siempre de acuerdo con el informe, habría crecido 16,7%. Es decir que la diferencia entre la tasa de incremento del gasto primario y del producto bruto interno corriente seguiría siendo elevada en 7,4 puntos porcentuales.
«Sería deseable que durante el primer año de implementación se pudiera cumplir holgadamente con las metas de la Ley, para dar una señal tendiente a expresar el deseo de lograr definitivamente la sustentabilidad fiscal, que constituye una empresa sumamente importante para el futuro del país», sugieren los especialistas involucrados en el análisis.
 Raiz electoral
Esa variación en el gasto público está fundamentalmente relacionada con el año electoral, con una expansión sustentada en mayores erogaciones al Plan Nacional de Vivienda, con las transferencias de fondos a provincias y con subsidios para jubilados, amén de los sucesivos aumentos de sueldos a estatales. Un incentivo político hace siempre que el gasto público se dispare.
En ese sentido, los gobernadores anticipan su preocupación. Dicen, desde Neuquén y Chaco, por ejemplo, que Nación, con las mejoras salariales que anuncia y que generan un efecto dominó en las provincias, «pone al interior fuera de las metas de la ley».
Por caso, el gobernador Roy Nikisch (UCR, Chaco) indicó a su ministro de Economía, Roberto Dell’rto, que reprograme partidas presupuestarias. Este año, el radical ya otorgó subas por más de $ 70 millones.
Más crítica es la visión de los neuquinos, que se negaron a adherir a la norma. «¿Qué grado de autoridad le queda a Nación para obligar a los gobiernos provinciales y municipales que adhirieron a que cumplan con lo pactado?», preguntó con cierta retórica el ministro de Finanzas de Jorge Sobisch, Claudio Silvestrini. Para acentuar todavía más su enojo, los patagónicos advierten: «Nunca mejor dicho... ‘az lo que yo digo, pero no lo que yo hago’'bb.
Para el gobierno de Sobisch, los resultados ya están a la vista, puesto que, según se informó, «al primer semestre de 2005 el gobierno nacional no cumple con las propias reglas impuestas».
Varios titulares de Hacienda consultados por Ambito Nacional coincidieron: «Muchas provincias están al borde de incumplir por culpa de los benditos aumentos que tuvieron que otorgar porque Nación dio el ejemplo. Pero resulta que ahora tampoco a Nación le cierran las cuentas», se quejaron en tándem desde los distritos del Noroeste. Sin embargo, los funcionarios provinciales relativizaron el riesgo: «Todavía hay tiempo para hacer algunas reasignaciones presupuestarias».
Los gobiernos están todos de acuerdo en algo: si no se reasignan partidas y no se acuerda mayor envío de fondos extracoparticipación, las finanzas públicas del interior llegarán al rojo antes de que termine el año. Un riesgo de magnitud si se tiene en cuenta que los resultados de la Ley de Responsabilidad Fiscal son mirados de cerca por el FMI.
Hace una semana, una decena de gobernadores anticipó el temor; el de Misiones, Carlos Rovira, diligenció a su ministro de Hacienda, Daniel Hassan, para que ponga al tanto por escrito al secretario de Hacienda nacional, Carlos Mosse (en este caso, por los apremios que le imprime la Legislatura local en materia de gastos). Otros, en cambio, afinan el lápiz para instrumentar medidas alternativas que les permitan sortear el vértigo del incumplimiento. Pero aseguran, sin embargo, que el éxito no está garantizado.
Lo cierto es que ahora que existen señales de que también Nación está rayando el límite de lo pactado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, se abrirá si duda un nuevo enfrentamiento entre las provincias y el gobierno central. Por lo pronto, habrá que esperar a ver qué sucede en los próximos encuentros del Comité Federal, integrado por 8 estados del interior, que tiene por objeto monitorear junto a Nación el cumplimiento de la norma.
Dieciocho provincias adhirieron este año en forma escalonada a la Ley, mientras que las restantes prefirieron apelar a controles propios cuyos resultados deberán exhibir de alguna manera para garantizar la continuidad de la asistencia financiera nacional.