Nación vuelve a involucrarse en conflicto con indígenas

Las especulaciones se potencian si se analiza además que, si bien en distintos puntos del país florece el oportunista reclamo indígena de tierras (en muchos casos, muy prósperas para negocios), Kirchner parece tener como prioridad número uno la puja chaqueña.
 Respaldo
El titular del Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach), Orlando Charole, fue recibido por los ministros del Interior, Aníbal Fernández, y de Desarrollo Social, Juan Carlos Nadalich. Fueron de la partida, además, el subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, Luis DElía, y el diputado nacional por Chaco, Jorge Mongeló (Frente para la Victoria).
Allí las autoridades nacionales comprometieron su apoyo -vía un programa de trabajo- al reclamo de los aborígenes, que exigen al gobierno chaqueño la restitución de tierras y mayor asistencia. Como parte de la protesta, un grupo de manifestantes lleva adelante desde hace once días una huelga de hambre en el interior de la Casa de Gobierno provincial.
 Viajes
En ese marco, DElía anticipó que, de no resolverse la situación de los huelguistas, podrían desembarcar en Resistencia Fernández y Nadalich, además de las visitas ya previstas de funcionarios de Tierras (incluido el propio DElía, el 11 de agosto) y de Derechos Humanos.
Ello, pese a reconocer el dirigente piquetero, paradójicamente, que se trata de «un problema de exclusiva competencia provincial». En paralelo, viajará a la provincia el jueves la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
«Los ministros expresaron su inquietud por la situación que atraviesan las comunidades y su reclamo por los dos millones y medio de hectáreas que (el ex gobernador Angel) Rozas les birló a ellos y a los pequeños productores chacareros», aseguró DElía. «Lo hacemos cargo al gobernador de la salud de cada huelguista», dijo también.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos nacional, Rodolfo Mattarolo, habló de «problema humanitario» por la situación de los huelguistas y entendió que «hay inacción del gobierno provincial». «Más de una vez, casos similares llegaron al sistema interamericano de derechos humanos», advirtió.