20 de abril 2007 - 00:00

Neuquén: Sobisch decretó la emergencia educativa

El contraataque del mandatario frente a la crisis (aún no comenzaron las clases, y ayer el paro cumplió 46 días), se sumó a la «decisión política» del gobierno de forzar el miércoles la apertura de las puertas de varias de las escuelas de la ciudad -que permanecían cerradas con llave por la huelga-, estrategia que se concretó de la mano de funcionarios y dirigentes y de los denominados «padres autoconvocados».
«El Estado, al amparo de la ley y las normativas constitucionales que le asisten, garantizará la apertura de los establecimientos educativos», sostuvieron fuentes oficiales. Sin embargo, según voceros gremiales, en general el dictado de clases se mantuvo paralizado, pese a «la toma de una veintena de escuelas por parte de punteros de Sobisch».
Por su parte, el director provincial de Seguridad, Carlos Fernández, adelantó que «por expreso pedido de la Subsecretaría de Educación» fue «reforzada la seguridad en las escuelas de la ciudad de Neuquén, ante posibles inconvenientes y para que se ejerza el derecho constitucional de los niños a la educación». «Los efectivos son los mismos que habitualmente cumplen funciones en las escuelas, y sólo se trata de reforzar este sistema de seguridad privada que ya estaba trabajando», se aclaró.
En este delicado escenario, el decreto de Sobisch generó ayer un fuerte rechazo en las filas de la Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). Su secretario adjunto, Pablo Grisson, la tildó de «absolutamente ilegal», y anticipó que activarán acciones judiciales contra ese decreto «porque no pueden reemplazar trabajadores que están ejerciendo su derecho a huelga».
 Violencia
«Todas estas medidas demuestran una escalada de violencia por parte del gobierno» porque «están provocando en las escuelas situaciones de enfrentamientos entre trabajadores y grupos de choque organizados», denunció.
En sintonía, el secretario adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Ernesto Contreras, advirtió que con estas últimas medidas del gobierno provincial «buscan que haya otro muerto», en alusión al asesinato del docente Carlos Fuentealba en medio de un violento operativo policial de desalojo de un piquete en la Ruta Nacional 22.
«Queremos alertar a los poderes del Estado a que retiren de las escuelas a todas estas personas que no son padres autoconvocados sino funcionarios y punteros del gobierno», advirtió.
Según la subsecretaria de Educación, Mara Alvarez, «con este decreto, amparado en la ley, se comenzará el lunes a nombrar suplentes en aquellos casos en que los docentes sigan adheridos al paro». La funcionaria precisó además que ese día desplegarán «un control de la adhesión que tiene el paro». «Donde haga falta un suplente, lo pondremos», dijo.
La funcionaria provincial aclaró que «esta decisión de tener un suplente «no significa que se deje sin trabajo al docente que está adherido al paro». «Estamos respetando el derecho a huelga porque no se deja a nadie sin trabajo y, por sobre todas las cosas, garantizando el derecho de los chicos a ser educados», enfatizó, frente a las críticas disparadas en las últimas horas por los gremios.

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