13 de agosto 2003 - 00:00
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-aseguran- gira en torno a si el gobierno misionero otorgó irregularmente contratos de obra pública a una empresa de la cual el suegro de Rovira es accionista. El oficialismo esgrime que la mayor parte de esas licitaciones fue cerrada durante la gestión de Puerta.
Ante la creciente tensión, desde el gobierno misionero incluso se agitó la amenaza de una intervención federal sobre el Poder Legislativo y/o del Judicial, en caso de agravarse la crisis ( ayer la posibilidad volvió a ser tratada por un funcionario misionero, en este caso con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández).
Pero desde el puertismo señalan, en cambio, que «no hay ningún problema institucional» y que «Rovira gesta el tema de la intervención porque no le cierran algunas cuestiones». Anotan en ese lote la investigación sobre el manejo de la obra pública y los cuestionamientos legales a su Frente Renovador. Este último punto debe ser resuelto por el Tribunal Electoral, cuya actual integración cuestiona Rovira.




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