Oficializan eximición de tarifazo

Las distribuidoras de energía eléctrica Edenor, Edesur y Edelap mantendrán la excepción del cobro del aumento tarifario a usuarios residenciales que carezcan de servicio de agua potable, gas natural en red y a los «electrodependientes», anunció el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El organismo notificó, además, que para los usuarios que estén exceptuados de ese incremento y que lo hayan pagado en la última factura, «se tomará la diferencia abonada como débito a su favor a reintegrarse en las próximas boletas de electricidad».

Esta semana, la Justicia prohibió a las distribuidoras cortar el servicio a aquellos usuarios que se nieguen a pagar el aumento por considerarlo abusivo o, simplemente, porque esté fuera de su alcance económico.

El ajuste en las tarifas de electricidad, que en algunos casos llegó al 400%, despertó numerosos reclamos de vecinos y entidades de consumidores (ver foto). Ésta es una de las razones -además de la intervención judicial- por las que el Estado tomó la decisión de intervenir y finalmente las empresas deberán exceptuar a los usuarios residenciales que se encuentren en alguna de estas situaciones:

Viviendas con múltiples hogares y un solo medidor.

Viviendas con anexo de actividad comercial (pequeños comercios, talleres de oficios, entre otros).

Para ambos casos, según una resolución del ENRE, los usuarios deberán pagar la factura del bimestre anterior y las compañías contarán con un plazo de 60 días para proceder a habilitar nuevos suministros por separado: hogar y/o actividad comercial.

El ente regulador también notificó que para aquellos usuarios residenciales cuyas viviendas no poseen servicio de agua corriente o gas natural por red domiciliaria, y que hayan pagado el total facturado a los valores del anterior cuadro tarifario, e iniciado el trámite de excepción, éste se debe considerar como cancelatorio.

De esta manera, continúa la polémica disputa por los fuertes aumentos tarifarios que se registraron para el bimestre noviembre-diciembre, que ya demandó la intervención de la Justicia prohibiendo a las empresas cortar el suministro a quienes no abonen sus facturas con subas.

Las denuncias de los usuarios señalan que en la mayoría de los casos se registraron aumentos que superaron el 400%, además de los más extremos en los que por el mayor consumo y las multas que ellos conllevaron, el incremento llegó al 1.000%.

El malestar se generalizó de inmediato entre los usuarios, mientras las empresas y las divisiones ligadas al sector de la energía eléctrica sostienen que «no se puede seguir destinando miles de millones de dólares a subsidiar el suministro».

Si bien en un principio el Gobierno defendió el aumento tarifario, al señalar que sólo afectaba al 8 por ciento de los usuarios, debido al reclamo generalizado reconoció la desproporción denunciada por los vecinos.