Oposición santafesina se aglutina frente a quita de coparticipación

Pedirán, además, que el Gobierno del peronista Omar Perotti explique por qué la Provincia daría marcha atrás en un reclamo que tiene fallo favorable de la Corte Suprema de 2015.

Omar Perotti

El arco opositor santafesino se aglutinó ayer para rechazar parte del acuerdo suscripto hace dos semanas entre el gobernador Omar Perotti y el Gobierno nacional por el pago de la deuda, que más allá del entendimiento por la cancelación de $151.800 millones en bonos a diez años, contempla la incorporación del distrito al régimen de recaudación de AFIP, que hará que le retengan a la provincia el 1,9% de los envíos de coparticipación.

Ese tramo del convenio, en rigor, deberá pasar primero el filtro de la Legislatura, donde la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados expone al oficialismo a una situación de gran desventaja frente a la oposición que integran, entre otros, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el PRO, el GEN y Demócratas Progresistas.

En esa línea, este martes el gobernador, acompañado por el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, el diputado y presidente del PJ, Ricardo Olivera, se comprometió ante el presidente de la Cámara baja, Pablo Farías (Frente Progresista), a enviar en las próximas horas ese texto para su convalidación legislativa.

Ayer, autoridades partidarias, legisladores provinciales y los Foros de intendentes y presidentes de comunas de los distintos partidos opositores emitieron un documento en el que rechazan los alcances de ese convenio, al tiempo que madura la presentación de un pedido de informe para que el gobierno de Perotti dé cuenta de cuáles serían los argumentos jurídicos por los cuales, por ejemplo, la provincia retrocede en un planteo que la Corte ya había dado por válido.

Como se recordará, en noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba en los pleitos que iniciaron contra el Estado nacional por la detracción de recursos coparticipables para financiar a la Anses y a la Afip.

“La provincia va a recibir en bonos a diez años 151 mil millones de pesos de los cuales, por esta vía de la retracción de goteo de la coparticipación para la Afip le vamos a estar ‘devolviendo’ a Nación 80 mil millones de pesos; es decir entrega más de la mitad de lo que recibe, sin hacer partícipes a los municipios y comunas que en cascada también van a tener esa detracción”, dijo en diálogo con Ámbito la diputada socialista Clara García, esposa del fallecido exgobernador del Frente Progresista, Miguel Lifschitz.

“Nos extraña que el gobernador Omar Perotti, de cuya gestión podemos ser muy críticos pero le reconocemos un manejo muy austero de las finanzas, haya convalidado este acuerdo complementario”, marcó la legisladora.

En el documento suscripto ayer, los partidos opositores sostienen “que, una vez acordado con el Gobierno Nacional y recibidos por la Provincia los títulos públicos en pago, la prioridad de la Provincia debe ser saldar la deuda con los gobiernos locales, quienes no fueron consultados al momento de celebrar el acuerdo”. Y proponen:

Que la Provincia mantenga la tenencia del total de los títulos públicos que reciba del Gobierno Nacional, y se coparticipe durante el año 2022 a la totalidad de los MMyCC mediante transferencias en pesos sin quitas de ningún tipo, por el total de las acreencias actualizadas que les correspondan a los mismos. Que se dicte la norma respectiva donde se establezca con claridad el criterio que se utilizará para determinar los montos que les corresponden a cada gobierno Local. A su vez que se respete lo establecido en la Ley 13751, el Decreto 3085/2018 y los convenios firmados con cada municipio y comuna, donde no preveía la actualización de los anticipos a cuenta utilizados para obras de pavimento urbano. Que la parte de los recursos no coparticipados se integren a un Fondo de Sustentabilidad que fortalezca la capacidad de inversión pública y generación de puestos de trabajo, aplicándose a proyectos estratégicos conforme se defina estrictamente en cada Ley de Presupuesto Provincial y bajo el control y seguimiento de la comisión especial que se propone en el último punto.