20 de abril 2007 - 00:00
Otra masiva marcha de docentes en Santa Cruz
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La nueva embestida conjunta (en el marco de un paro estatal de 24 horas, y el anteúltimo día de una huelga docente de 96 horas) tuvo como telón de fondo un fuerte operativo de seguridad, mucho mayor que el desplegado en las otras dos marchas gremiales, concretadas el 21 de marzo y el 29 de marzo pasado.
Ese diagrama privilegió en especial la custodia de la Casa de Gobierno, que fue rodeada por dos cordones de policías (el primero, sin bastones), una segunda línea de gendarmes y otra de efectivos «antimotines», 150 de los cuales se apostaron en el interior del edificio. También fue reforzada la seguridad en torno a las residencias que Kirchner y el gobernador Carlos Sancho poseen en la capital provincial.
En la vereda oficial, también Sancho logró ayer su golpe de efecto, al hacer público un pronunciamiento de los intendentes peronistas, donde exigieron a los gremios levantar las medidas de fuerza.
En lo que respecta a la movilización, los gremios -entre ellos, la anfitriona Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)- exigieron el aumento del salario básico, el fin de la suspensión de las paritarias y el urgente llamado a una mesa de diálogo.
Respaldo
Participó de la marcha el titular nacional de ATE, Pablo Micheli, mientras esta vez no fue de la partida el crítico obispo de Río Gallegos, Juan Carlos Romanín (aunque envió a un cura con una adhesión a la iniciativa).
A la hora de las comparaciones, fuentes gremiales aseguraron que el número de manifestantes de ayer fue sólo algo menor que el de las dos anteriores marchas, aunque, en cambio, percibieron un esquema de seguridad mucho más reforzado.
La movilización se inició por la tarde, en el marco de un día muy frío, pero sin lluvias, e incluyó la presencia de columnas de docentes provenientes de distintos puntos del interior provincial. Al mediodía, una de las columnas provocó en la práctica un corte de la Ruta Nacional 3, a pocos kilómetros de Río Gallegos, con el consiguiente caos en materia de tránsito.
Pese al tenso escenario, el gobierno de Sancho -a instancias de la Casa Rosada- se mantiene firme en su postura de no negociar mientras se mantengan las medidas de fuerza «extorsivas».
En las últimas horas, el ministro de Economía, Juan Bontempo, insistió en que al gobierno no le marca «la agenda» un gremio que lleva adelante paros, mientras la noche del miércoles, el gobierno provincial alertó sobre la presencia de «grupos extremistas» en la ciudad.
Por este escenario estalló ya una rebelión dentro del bloque legislativo kirchnerista, desde donde buscan imponerles a Sancho y al Presidente un proyecto de ley que habilite el regreso del sistema de paritarias a la provincia, suspendido desde 1991, durante la gobernación de Kirchner.




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