El gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, y autoridades del Palacio de Hacienda nacional volverán a verse las caras hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de una audiencia de conciliación convocada por el máximo tribunal como parte de la causa iniciada por la provincia en pos de que la Casa Rosada suspenda la detracción del 15% que aplica sobre la coparticipación para financiar a la hoy enriquecida caja de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
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La cita será a las 10 y figura a la cabeza de los convocados el ministro de Economía nacional, Amado Boudou, quien esquivó un convite similar el pasado 17 de marzo, día en que se desarrolló la audiencia informativa. Por el lado santafesino asistirán Binner; el ministro de Economía, Ángel Sciara, y el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre.
«Esta audiencia fue convocada a causa de la medida cautelar presentada por el Gobierno santafesino, en el marco de la demanda para que se declare la inconstitucionalidad de la detracción del 15 por ciento», aseguró Barraguirre.
El fiscal de Estado también explicó que el objetivo de la audiencia de conciliación de hoy apunta a que «las partes traten de establecer las bases de una composición amigable de los intereses que están en pugna».
Respecto de la convocatoria de marzo pasado, en tanto, el funcionario sostuvo que la intención de la Corte fue «tener elementos para resolver la causa, ya que el Tribunal sólo toma una medida como esa en el caso de pleitos de gran impacto».
Según denuncian desde el Gobierno santafesino, los recortes en esta materia le impedirán a las arcas locales percibir este año entre 900 millones y 1.000 millones de pesos.
Santa Fe es uno de los distritos que, al no contar con parte de su deuda con la Casa Rosada, no fue beneficiado por el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.
En la práctica y en términos judiciales ésto representa una ventaja ya que de esta forma no se ve amenazado el Gobierno de Binner por la intención de Balcarce 50 de presionar a las provincias para que desistan de embestidas por fondos ante los tribunales, a partir de intentar exigir ese requisito para recibir el beneficio de la reprogramación de la deuda a 20 años, con un año y medio de gracia.
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