Pese a suba de salarios, los judiciales siguen en huelga

De esta manera los judiciales nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense resolvieron que extenderán la medida de fuerza, que ya lleva 23 días y que genera serias demoras en todos los procesos jurídicos radicados en el ámbito de los 18 departamentos provinciales.La continuidad del conflicto tiene, incluso, un ribete político, ya que amenaza con enturbiar la última etapa de la campaña de Solá, quien esperaba arribar a octubre sin problemas en su siempre complicada relación con los gremios estatales.
Por eso días atrás el gobierno había cerrado acuerdos salariales con los estatales y los docentes, los más combativos; sin imaginar que serían los judiciales los que empantanarían el camino hacia las urnas.
La única forma de enfriar el conflicto con ese gremio sería enviar un proyecto a la Legislatura para modificar el régimen laboral de los judiciales, sin necesidad de otorgarles el enganche que reclaman, lo que obligaría al Estado a desembolsar cerca de $ 500 millones. Pero, a juzgar por la oposición en el Parlamento bonaerense, esa alternativa más que ayudar podría terminar por complicar todavía más el escenario.
 Sin fondos
El propio ministro de Economía de Solá, Gerardo Otero, anticipó que es «imposible» solventar los alcances de la Ley Porcentual que reclaman los judiciales, pese al aumento de la recaudación impositiva de los últimos meses.
Por otro lado, sigue demorada todavía una definición sobre los sueldos para la Policía y los miembros del Servicio Penitenciario. Para esta resolución la provincia cuenta con algunas «ventajas» que le permiten tomarse un tiempo. Una es de origen político y tiene que ver que tanto policías como penitenciarios no están sindicalizados y están inhabilitados, por lo tanto, de adoptar medidas de protesta para acelerar un aumento. La otra cuestión es técnica: el primer mes de aumento para estos dos sectores va a la Caja de Jubilaciones y por lo tanto no es cobrado efectivamente por los agentes, factor que otorga al gobierno un margen adicional para determinar el aumento. Así, funcionarios de Economía y Seguridad todavía analizan el incremento salarial para esos sectores que, se confirmó, se pagará retroactivo a agosto, pero se efectivizará a partir de los sueldos de setiembre, que se perciben los primeros días de octubre, según informó el diario «El Día».
Pero más allá de márgenes para disponer el aumento, hay también una cuestión que está trabando la definición, según admitieron funcionarios del Ministerio de Economía. El tema es que el Ministerio de Seguridad dictó recientemente un decreto por el que creó el nuevo escalafón para la llamada «policía residual», esto es, los administrativos y profesionales de la fuerza, que habían quedado afuera de la recategorización que el ministro León Arslanian aplicó para los efectivos a principios de este año. Y para ese personal de apoyo de la Policía se redujeron a 11 los grados jerárquicos y se los reencasilló en el nuevo escalafón. Así, por ejemplo, los ex suboficiales principal y ayudante pasaron a ser subtenientes; comisarios y subcomisarios ahora serán capitanes; y oficiales principales e inspectores, serán tenientes primeros. Además, el decreto establece en su art. 58 que el Ejecutivo deberá determinar el monto de los sueldos, suplementos, viáticos, becas, horas extraordinarias y compensaciones «cuidando de mantener proporcionalidad con los lineamientos salariales que se dispongan» para el resto de la Policía. Y añade: «Cuando se otorgue una mejora salarial al personal de las Policías, deberá recomponerse proporcionalmente al personal comprendido» en el decreto «en la forma que determine la reglamentación». Entonces, lo que falta determinar para definir el aumento es cómo se asimilarán salarialmente los cargos del personal administrativo y profesional a los efectivos de seguridad, es decir, la reglamentación de la que habla el decreto. Una vez establecido ese parámetro, la provincia resolverá el porcentaje de aumento para toda la fuerza.