El senador Ernesto Sanz y los diputados Rubén Lanceta, Oscar Aguad y Ricardo Gil Lavedra, ayer durante la presentación del proyecto del radicalismo, que impulsa la intervención parcial de Santa Cruz.
La denuncia penal de la Corte Suprema contra el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y la decisión de dar intervención en el caso al Congreso podrían sentar un precedente impensado para el kirchnerismo en su prolongado enfrentamiento con la Justicia. Si bien no es el primer fallo que el oficialismo demora en acatar, la contundencia de la Corte en el caso del procurador Eduardo Sosa (dijo ayer que no lo reponen «por capricho») abre una serie de interrogantes respecto del desenlace que podrían tener otras situaciones de «desobediencia», como, por ejemplo, la sentencia sobre libertad sindical que impacta de lleno en el líder de la CGT, Hugo Moyano, o los fallos sobre movilidad jubilatoria y limpieza del Riachuelo. Precisamente, sobre este último, el máximo tribunal dio la semana pasada una señal de su aparente fastidio al multar con $ 4.000 diarios al secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, por no haber cumplido con la sentencia que lo obligaba a sanear el Riachuelo.
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Ayer, como paso diferenciador, la oposición legislativa recogió de inmediato la orden de la Corte y, a través de un proyecto de ley consensuado por todos los senadores y diputados de la UCR, buscará lograr en la Cámara de Diputados (donde tiene mayoría) una «intervención mínima» en Santa Cruz para la inmediata reposición en sus funciones del ex procurador general de la provincia y la remoción de su reemplazante, Claudio Espinoza.
Así lo anunciaron los principales referentes del bloque radical acompañados por el presidente del partido, Ernesto Sanz, quienes explicaron que la iniciativa sostiene una «intervención mínima e inteligente» que «respeta la institucionalidad de la provincia, sin desplazar al gobernador (Daniel Peralta) ni a las cámaras» legislativas.
«No queremos desestabilizar a nadie, queremos que Peralta siga siendo gobernador todos los días. Pero sí que se respete a la Corte, porque no puede haber nada más desestabilizador que desoír los fallos del máximo tribunal», indicó Sanz en el Congreso.
El jefe del bloque radical, Oscar Aguad, precisó que la iniciativa apunta a obligar el cumplimiento de la sentencia de la Corte «de la manera menos cruenta posible». «De esta forma, se preserva la autoridad de las decisiones de la Corte y se respeta la autonomía de la provincia», destacó, por su parte, el diputado Ricardo Gil Lavedra.
De esta manera, la iniciativa de los radicales en ambas cámaras se sumó al proyecto que el mismo día en que se conoció el fallo presentaron los diputados del GEN Margarita Stolbizer y Gerardo Milman, en el que solicitaron la intervención federal de la provincia, con caducidad de los mandatos del actual gobernador y vice y convocando a elecciones provinciales. Por su parte, la Coalición Cívica impulsa una reunión de legisladores de la oposición de la Comisión de Asuntos Constitucionales para discutir una posición común en el tema Santa Cruz.
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