23 de septiembre 2020 - 00:00

Justicia postergó hasta el 1 de octubre el desalojo en las tierras tomadas de Guernica

TRABAJO. El Gobierno bonaerense trabaja en un plan de reubicación de las familias que ocupan el predio.
TRABAJO. El Gobierno bonaerense trabaja en un plan de reubicación de las familias que ocupan el predio.

El juez penal de La Plata Martín Rizzo aceptó ayer el pedido del Gobierno de Axel Kicillof y postergó hasta el 1 de octubre la ejecución de la orden de desalojo del predio ocupado en la localidad de Guernica.

La solicitud había sido cursada ayer por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, en pos de dilatar hasta ese día el cumplimiento de la medida resuelta por ese mismo magistrado y que estaba prevista para hoy.

El pedido fue acompañado de los resultados de un censo finalizado el lunes, en el que se relevó a 1.904 personas: 650 de Guernica y el resto de distritos cercanos. La intención apuntó a contar con la mayor cantidad de datos para avanzar en el diálogo con intendentes y enfrentar la problemática.

La Mesa de Articulación para tratar la problemática de los terrenos en Guernica está compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; las subsecretarías de Hábitat de la Comunidad y de Políticas Sociales, y los organismos de la Niñez y Adolescencia.

También está la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y unos cien censistas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

El 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras,ocupadas en julio pasado.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez Rizzo.

Según la resolución judicial, “se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública”, que deberá realizar el procedimiento “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes” y recurrir “al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible.

En los últimos meses, la toma de las tierras, unas 15 hectáreas ubicadas en el fondo del barrio San Martín, habían provocado incidentes entre los ocupantes y algunos propietarios de campos cercanos que se acercaron al lugar para tratar de desalojar a las familias que allí se instalaron.

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