Provincias batallan fondos extra por crisis

Las crecientes urgencias de caja que atraviesan las provincias -de la mano del impacto de la crisis financiera internacional, que ya ralenta los envíos de coparticipación y augura males mayores- obliga a los gobernadores a agudizar el ingenio para asegurarse alternativas adicionales de financiamiento.
En esa línea, los mandatarios apuestan tanto a extremar la presión sobre el sector privado -vías subas impositivas o mayores controles sobre la producción y su tributación- para obtener mayores recursos como a potenciar los reclamos judiciales y extrajudiciales a la Casa Rosada por el retaceo de remesas para sus distritos. Incluso, también apelan a préstamos de bancos de países vecinos para garantizar el avance de la obra pública local.
Los tiempos de carestía incluso animan a algunos ejecutivos a encarar desafíos harto engorrosos, como el de lograr acrecentar el monto de regalías hidrocarburíferas.
Los temores de los caciques provinciales se ven potenciados por el inicio del año electoral, que vuelve aún más acuciante la necesidad de contar con fondos frescos y de no depender de manera tan categórica de los favores de Cristina de Kirchner.
Las últimas señales alimentan ese profundo malestar: las transferencias de coparticipación al interior cayeron 8% en enero pasado -respecto del promedio de 2008- (al ritmo del empobrecimiento de la recaudación nacional), mientras que también se desacelera la percepción de tributos provinciales por la merma de la actividad económica.
Este escenario termina por decantar en un presente negativo para los gobernadores en tiempos de comicios, ante la certeza de que la Presidente deberá con seguridad manotear recursos del Presupuesto 2009, destinados originalmente a las provincias, para pilotear los efectos de la debacle mundial y para contar con armas para defender la continuidad del kirchnerismo en el poder.
Veamos algunas postales que ilustran las nuevas batallas que encaran los mandatarios:
En Santa Cruz, tierra natal de Néstor Kirchner, el Gobierno del justicialista Daniel Peralta puso en la mira a las empresas petroleras, a quienes impondrá mayores controles sobre la extracción de gas y petróleo para optimizar el cálculo de lo que deben pagar por regalías.
El ministro de Economía local, Juan Manuel Campillo, aseguró que «en breve» se disparará la licitación correspondiente. «Hay medidas que debimos haber tomado hace tiempo, como el control de regalías que ya tienen muchas otras provincias», dijo el funcionario, deseoso de contar con fondos adicionales.
Pero la pelea mayor va por otra vía. En esa línea, no descartó la posibilidad de batallar un aumento en el porcentaje que las compañías deben abonar a las provincias en concepto de regalías, aunque aclaro que ello «será analizado en su debido momento» porque existen «contratos de por medio».
«Para cambiar eso habría que cambiar una ley nacional, algo (sobre lo) que ya se está trabajando», dijo, en una entrevista concedida al diario Prensa Libre, de Río Gallegos.
Las empresas mineras -según lo reseñado por El Patagónico- hoy deben pagar un 3% del valor denominado «boca de mina» del total del mineral extraído en su primera etapa de comercialización. Y este valor se reduce aún más al descontarse los costos de extracción, molienda, refinación y comercialización, alcanzando un valor real de entre el 1% y el 2%.
En Córdoba, en tanto, el justicialista Juan Schiaretti anunció el pasado domingo que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva -a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes)- financiará la construcción de los gasoductos troncales con un crédito de $ 971 millones.
Según el mandatario mediterráneo, el financiamiento brasileño «es el primero a una provincia del país». Por eso, agradeció el gesto «a las autoridades de Brasil» en su discurso de apertura de las sesiones legislativas.
De esta manera, llegó a buen puerto la estrategia de Schiaretti -disparada meses atrás- de apelar a financiamiento externo para sortear las moras en los envíos de fondos con los que la Casa Rosada lo castigó por su alineamiento con el campo en el conflicto por las retenciones móviles.
En San Luis, por su parte, el mandatario del peronismo crítico Alberto Rodríguez Saá intimó por carta documento al Gobierno nacional -en la persona del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido- para que incluya a la provincia en el lote de distritos que se verán beneficiados por el plan de construcción de 124 mil viviendas anunciado días atrás por la Presidente.
En rigor, se trata de una nueva embestida judicial del Gobierno puntano, que denuncia una millonaria y «discriminatoria» deuda en envíos de recursos nacionales a la provincia, ligada al carácter opositor de Rodríguez Saá.
Desde Corrientes, en esa línea, otro mandatario vapuleado por el destrato de la Casa Rosada por su mirada crítica busca asistencia adicional. En este caso, el otrora radical K Arturo Colombi -hoy abiertamente alineado con el díscolo vicepresidente Julio Cobos- adelantó ahora que potenciará su reclamo en pos de un resarcimiento extra por parte de la represa hidroeléctrica binacional Yacyretá por la utilización de territorio correntino.
«Presentaremos una vez más un pedido formal de que Yacyretá entregue a la provincia una porción de lo que genera a costos sensiblemente inferiores», precisó el subsecretario de Energía local, Marcelo Gatti.