Provincias cumplieron meta pero sin reforma del Estado

Según señala un informe del Centro de Estudios Bonaerense (CEB) fueron los ingresos tributarios propios, y los nacionales, las principales variables que permitieron alcanzar este saneamiento de las finanzas. Aun así, la consultora bonaerense destaca que «no existe un esquema regulatorio que limite los excesos y discipline las distintas corrientes de erogaciones» de los Estados provinciales, y puntualiza que «excepto el contexto macro, nada ha cambiado respecto a los ’0». Por su parte, el informe señala que «desde los analistas existe optimismo de que los responsables públicos estén modificando su forma de actuar, pero, a su vez, siguen muy de cerca cómo van evolucionando las variables fiscales y si cada incremento de los ingresos se traduce en mayores gastos. Se concluye entonces, que el riesgo sigue latente, porque nadie pierde de vista estas variables, justamente porque todavía no se observa un cambio estructural del sector público».
Con respecto a la reducción del déficit fiscal 2003 -que según el CEB será de 70% con relación al año pasado-, se indica que fue inducido por el aumento de 27% en los ingresos tributarios propios y de origen nacional. Tras la devaluación del peso a principios de 2002, se verifica una serie de efectos que impulsaron la suba en los recursos fiscales: inflación, actividad económica, política fiscal (eliminación de exenciones, incremento de alícuotas y creación de nuevos impuestos) y administración tributaria (mejoras en la fiscalización tributaria y lucha contra la evasión).
Hasta el tercer trimestre de 2002 la variable más explicativa del repunte de la recaudación fueron los precios, mientras que en todo 2003, la variable que marcó el rumbo de la tendencia positiva fue la actividad económica.
Asimismo, con respecto a la política fiscal y la administración tributaria, la consultora concluye que «los resultados fueron marginales. Hay estrategias aisladas de algunas pocas provincias, como Buenos Aires y Córdoba, pero, todavía es necesario hacer extensivo a todo el sector público un saneamiento del sistema tributario federal y mejorar en la fiscalización».
Un punto que se encuentra en el centro de la discusión del reparto de fondos es la creación de la nueva Ley de Coparticipación Federal Impositiva, que debe comenzar a regir a partir de 2005. Con sanción de este instrumento legal, exigido en el texto de la Constitución Nacional reformada en 1994, se regularizaría la relación entre Nación y provincias, que hoy a nivel fiscal depende exclusivamente del Programa de Financiamiento Ordenado (PFO), que cada año firman bilateralmente los diferentes distritos con el gobierno federal, comprometiéndose a disminuir el déficit.
El informe señala al PFO como «uno de los pocos pactos fiscales que fue y está siendo cumplido». En el marco de este programa, entre 2002 y 2003 la Nación prestó a las provincias $ 5.782 millones, que están devengando intereses y pagarán amortización de capital a partir de 2005.