22 de diciembre 2005 - 00:00

San Luis cobra el 10 de enero

Comienzan a destrabarse así los fondos que el distrito tenía virtualmente inmovilizados en una cuenta pública del Banco Nación a raíz del corralito financiero de 2001, que derivó en un reclamo ante la Corte Suprema de la Nación.El entendimiento político permitió así que el Banco de la Nación devolviera a la provincia de los Rodríguez Saá, ahora aliados de Kirchner, un total de $ 379.649.656,06. De ese monto, la entidad pagará en efectivo $ 135.642.936 en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La primera cuota vence el 10 de enero de 2006 y las siguientes el mismo día o día hábil posterior si fuera feriado, de cada mes, según precisó el ministro del Capital, Alberto José Pérez.
 Bonos
El acuerdo estableció
además que el banco abonará
a la provincia la suma restante de 235.006.720 pesos en 81.036.800 bonos del gobierno nacional en dólares estadounidenses.

«Como fecha tope, el 10 de enero de 2006 San Luis cobrará aproximadamente 5.600.000 pesos en efectivo, correspondientes a la primera cuota, y todo el importe en bonos del gobierno nacional en dólares, que serían aproximadamente 81 millones en bonos 2013», precisó Pérez.
Cabe recordar que el 5 de marzo de 2003 un fallo de la Corte Suprema de la Nación se expidió a favor de la provincia y conminó al banco a pagar la suma en dólares o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor. En la sentencia fijó además un plazo de 60 días para que las partes -gobierno provincial y la entidad crediticia- acordaran la forma y plazo para la devolución. Sin embargo, el plazo transcurrió holgadamente sin que se llegara a un acuerdo. Las negociaciones estaban empantanadas por el Decreto 739 de 2003 del Ejecutivo Nacional de reordenamiento del sistema financiero, que fijó las pautas para la liberación de los depósitos reprogramados.
Sólo la mediación política allanó el camino y Alberto Rodríguez Saá firmó
hacia el 28 de setiembre pasado una acuerdo con la por entonces titular del Banco Nación, Felisa Miceli. Allí se precisaban montos y plazos consensuados para la devolución y se establecían dos requisitos: que el texto fuera aprobado por el directorio en pleno de la entidad y homologado por la Corte (instancia que el máximo tribunal resolvió el martes).
En tanto, el gobernador se presentó ante la Legislatura para precisar las claúsulas del acuerdo y se comprometió a elevar, en sesiones extraordinarias -previstas para febrero-, un proyecto de modificación del Presupuesto para ese año -ya aprobado en setiembre de 2005- que contemplara los ingresos y la ejecución de los recursos no incluidos originalmente.

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